La fallida reestructuración del sector público empresarial
dejó entrever que había tres sociedades mercantiles,
consideradas de “segunda generación” que podrían tener
serios riesgos de cara a su futura continuidad, con la
consiguiente repercusión negativa para los puestos de
trabajo, algo que siempre han defendido todos los partidos
políticos a la hora de pronunciarse sobre el procedimiento
empleado, en el que se trataba de salvaguardar el denominado
empleo estructural.
Como bien se sabe, tras las impugnaciones que se produjeron
por parte de algunos funcionarios de la Casa, el Gobierno de
la Ciudad, para evitar conflictos y riesgos de tipo legal,
optó por eludir la conversión en organismos autónomos pese a
que todo el proceso fue aprobado en Pleno y, previamente,
hubo acuerdo con los sindicatos sobre el camino a seguir,
donde era prioritario proteger el empleo.
Se celebró una segunda sesión plenaria para “deshacer” lo
hecho, es decir, dado que la sociedades mercantiles aún
permitían una “operación retorno” o lo que coloquialmente se
denominó “marcha atrás”, se optó por una medida prudente,
asegurando el Gobierno de la Ciudad que estaba garantizado
la sostenibilidad de las mismas y el equilibrio financiero.
Bien es verdad que surgió un “pero” en el sentido que sobre
tres de ellas (Puerta de África, Parque Marítimo del
Mediterráneo y Obimace), se desplegaba la sombra de la duda
sobre su viabilidad futura con el consiguiente riesgo para
el empleo estructural.
Puerta de África, cuya situación financiera era bien
conocida que no resultaba una garantía precisamente cara al
futuro por los problemas que viene arrastrando de solvencia
y Parque Marítimo del Mediterráneo en idéntica situación,
ambas bajo el “paraguas” de la sociedad de fomento Procesa,
en cuanto a su integración con el cambio que se había
previsto en organismos autónomos, requerían una nueva
“vuelta de tuerca” para asegurar su suficiencia financiera,
al igual que era la situación que atravesaba Obimace,
integrada en Obimasa.
Pues bien, estas sociedades participadas consideradas
”instrumentales”, a las que el presidente Juan Vivas ya
anticipó que se les buscaría una solución de viabilidad para
que no vieran comprometida su situación, hab visto la luz en
cuanto a su consolidación al dictarse varios Decretos en el
que se daba cuenta de la transmisión del cien por cien de
sus acciones a la propia Ciudad Autónoma de Ceuta, con lo
que se les dota de la seguridad jurídica necesaria y de la
solvencia que garantiza su futuro y dota de la máxima
tranquilidad a todos sus empleados que esperaban una
solución definitiva.
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