La bandera blanca ha ondeado entre la Ciudad Autónoma y los
empresarios para concretar el acuerdo por el que la tasa de
basura industrial se incrementará en torno a un 10% para
todas las empresas y no en los porcentajes previstos por la
administración en la ordenanza inicialmente aprobada. Los
representantes de la Confederación de Empresarios y la
Cámara de Comercio se reunieron ayer con el consejero de
Economía, Hacienda, y Recursos Humanos, Emilio Carreira, en
un encuentro que sirvió para enterrar el hacha de guerra. La
semana pasada el presidente de la patronal, Rafael Montero
Ávalos, salió a la palestra para advertir de que iría a los
juzgados si no se modificaba la ordenanza después de que no
se hubiera contestado a sus alegaciones. Al día siguiente,
Carreira aseguraba que estas se habían aceptado.
Con el encuentro de ayer, según manifestó Carreira, se quiso
dar continuidad a unas negociaciones que se iniciaron en
diciembre para llegar a un acuerdo tanto en la tasa de
basura como de terrazas. El consejero reiteró que la
intención del Gobierno es “respetar” el acuerdo alcanzado en
esa primera reunión, pero matizó que las modificaciones sólo
se podían hacer si previamente se presentaban alegaciones
por parte de los empresarios, ya que la ordenanza se
encontraba en marcha después de ser aprobada de forma
inicial en el pleno del mes de diciembre.
Pleno de abril
“Les he comunicado a los dos representantes de los
empresarios que el Gobierno no tiene ninguna intención de
modificar en absoluto su pretensión de aceptar las
alegaciones presentadas”, destacó Carreira para despejar
todas las dudas sobre cómo actuará la Ciudad. Así, tras
poner las cartas sobre la mesa, poco más se trató en esta
reunión, según apuntó el consejero de Hacienda para señalar
que ya será en el pleno de final de mes cuando se lleve a la
Asamblea la aprobación definitiva la actualización de la
tasa de basura industrial en las condiciones que han
presentado los alegantes y que a la Ciudad le parece bien.
Sobre las críticas vertidas desde uno y otro lado, Carreira
pasó de puntillas para decir que “mirar atrás no sirve de
nada” y pedir disculpas si se ha producido un malentendido
“por alguna actitud involuntaria del Gobierno” porque, según
aseguró, no ha habido ningún interés en generar polémica ni
en romper el acuerdo. Asimismo, el consejero agradeció al os
representantes empresariales su participación proactiva en
el debate de la ordenanza y su implicacion para modificarla.
Por su parte, Montero Ávalos, quiso agradecer la voluntad
del consejero de “colaboración” y la posibilidad de sentarse
para “hablar con claridad”. “No solamente nos reprochamos
cosas públicamente, sino que a la hora de trabajar nos
sentamos en una mesa y lo que se trata al final es de buscar
el bien de la clase empresarial ceutí”, recordó el
presidente de la patronal para reconocer que se ha alcanzado
un acuerdo que ya se tenía en diciembre. No obstante, quiso
matizar que quizás lo que ha originado la polémica es que ha
habido un problema en los plazos. “Nosotros, ante las dudas
de qué es lo que iba a ocurrir, decidimos dar el paso de
salir a la luz pública a reivindicar algo que sí entendíamos
que el Gobierno había aceptado, pero todavía no teníamos ese
documento que asegurara ese fin”, explicó Montero Ávalos.
En rueda de prensa, desde la CECE también lanzaron la voz de
alarma sobre cómo otras ordenanzas estaban perjudicando a
los empresarios, e incluso el ISPI. Sin embargo estos otros
problemas no se abordaron en la reunión, según confirmó
después Montero Ávalos, que se mostró confiado en poder
tratar estos asuntos en futuros encuentros.
El presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix,
manifestó también su satisfacción por el acuerdo alcanzado
“fruto del trabajo en común” después de haberse reunido con
Carreira en diciembre para trasladarle el descontento de los
empresarios.
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El presidente ya ha encomendado a Hacienda que analice las
posibilidades de reformar el IPSI
El consejero de Hacienda, Emilio
Carreira, anunció ayer que la Ciudad está empezando a
analizar las posibilidades de poner el IPSI al servicio de
los empresarios para mejorar su situación. Eso sí, con una
condición, garantizar antes la suficiencia financiera de la
institución. El consejero recordó que de esta dependen
“infinidad de servicios y ayudas, sin las cuales habría una
repercusión muy negativa en la economía de la ciudad”.
“Pero, al margen, seguramente el IPSI necesita de ciertos
retoques y el presidente nos ha dado instrucciones al equipo
de la consejería para que analicemos las diferentes
posibilidades”, apuntó Carreira para señalar que cuando el
proyecto esté más avanzado se consultará y “se pactará con
los agentes económicos de la ciudad”. Para Carreira es una
prioridad “ir de la mano” y conseguir un consenso en Ceuta
que aligere el proceso en las cortas para una reforma que
tendría carácter legislativo y para la que, de momento, no
se marcan plazos.
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