El Ejército marroquí entró en territorio español para
devolver a los inmigrantes subsaharianos que intentaron
alcanzar Melilla el pasado viernes, según denuncia la ONG
Prodein y publica ‘elmundo.es’. Como se puede apreciar en el
vídeo difundido por la ONG, las Fuerzas Auxiliares
marroquíes cruzaron el perímetro fronterizo y pasaron al
espacio situado entre el doble vallado, ya en territorio
español, para descolgar a algunos inmigrantes que se
encontraban encaramados a la verja, ante la pasividad de la
Guardia Civil.
Los hechos tuvieron lugar en un tramo de la valla cercano al
Centro de Estancia Temporal (CETI), después de que unos 800
inmigrantes intentasen entrar en Melilla el pasado viernes
en grupos de 500, 200 y 100 personas. Finalmente, diez
subsaharianos consiguieron su objetivo.
No es la primera vez que esta ONG y, otras como Human Rights
Watch, denuncian las devoluciones en caliente realizadas por
las Fuerzas de Seguridad españolas, pero en esta ocasión la
diferencia es que han sido practicadas por el Ejército
marroquí. “Lo novedoso es que un Ejército extranjero entre
con armas y uniformes en Melilla, como pedro por su casa, y
que se permita el lujo de detener a los inmigrantes en
España y a golpearlos ante la mirada de la Guardia Civil”,
critica el presidente de Prodein, José Palazón.
La Delegación del Gobierno en Melilla argumenta que la
presencia de agentes marroquíes en el doble vallado no es
inusual y es fruto de la estrecha cooperación con Marruecos.
“Aquí hay una cooperación que cada vez es más estrecha para
combatir un tipo de inmigración más violenta cada día y a la
que no podemos resignarnos”, asevera una portavoz de la
Delegación. Como botón de muestra, pone el ejemplo de que el
pasado 24 de febrero las Fuerzas Auxiliares marroquíes se
quedaron atrapadas entre las dos vallas y tuvieron que ser
auxiliadas por los agentes españoles.
Los abogados especializados en Extranjería han criticado
esta cesión de soberanía, que, a su juicio, es fruto del
“concepto de frontera-chicle” anunciado por el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz en el Congreso el pasado 14
de febrero. Tras la tragedia de Ceuta, en la que murieron 15
inmigrantes, Fernández Díaz enarboló un nuevo concepto de
frontera no geográfico sino jurídico. Según este criterio,
los inmigrantes no entran en España hasta que no rebasan la
línea de vigilancia establecida, es decir, el control
policial.
“La consecuencia de la llamada ‘frontera-chicle’ que expuso
Fernández Díaz es que estamos cediendo soberanía a
Marruecos. Que el Ejército marroquí entre en territorio
español para detener a los inmigrantes es un hecho muy
grave. En cuanto una persona pisa territorio español se
encuentra bajo la jurisdicción del Estado español”, asegura
Paco Solans, portavoz de la Subcomisión de Extranjería del
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
A su juicio, con la excusa de la lucha contra la inmigración
irregular, “se están cediendo todos los límites y se está
regalando la soberanía de Ceuta y Melilla”.
Dispositivo anti-intrusión
Desde la Delegación del Gobierno en Melilla emplean el mismo
argumento utilizado por el ministro del Interior: “El
viernes no hubo expulsiones ilegales, puesto que hablamos de
inmigrantes que no logran superar el dispositivo anti-intrusión
existente precisamente para evitar las entradas ilegales a
suelo español”, afirma el comunicado difundido por la
Delegación.
Sin embargo, en cuanto un inmigrante cruza la frontera y
pisa territorio español debe iniciarse un procedimiento
administrativo, que incluye su identificación, la asistencia
de abogado y traductor y la posibilidad de pedir asilo
político, según recogen el Reglamento y la Ley de
Extranjería. En el caso de que se aplique el acuerdo de
readmisión con Marruecos, también es necesario proceder a la
identificación de los inmigrantes en comisaría.
Tanto las ONG como los abogados especializados en
Extranjería han denunciado varias veces que estas
devoluciones en caliente son ilegales y, de hecho, el
Gobierno ha anunciado una reforma de la Ley de Extranjería
para agilizar al máximo las readmisiones de los ‘sin
papeles’.
Las irregularidades en torno a los procedimientos de
devolución de los inmigrantes en Melilla ya han llegado a
los tribunales. De hecho, el delegado del Gobierno en
Melilla, Abdelmalik El Barkani, y el coronel jefe de la
Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, tendrán que
declarar acusados de presuntos delitos de prevaricación y
contra los derechos individuales por la devolución irregular
de 21 inmigrantes que consiguieron entrar en Melilla subidos
en dos coches kamikaze los días 7 y 10 de febrero de 2013,
saltándose los controles de seguridad.
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