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La llamada de atención que los
sindicatos plantean sobre los niveles de deficiencias en la
cárcel de Los Rosales y la falta de personal, no han de caer
en vacío como parece que está sucediendo en la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias por tratarse de un
servicio esencial y cuya prioridad es no sólo la seguridad
de los internos sino de los propios funcionarios, además de
la calidad de un servicio que ha de prestarse en las mejores
condiciones de dignidad y eficacia. Unos parámetros que no
se cumplen en la actualidad, en opinión de los sindicatos,
porque la Administración ha dado la espalda y hace “oídos
sordos” a las peticiones que formula la dirección del centro
penitenciario en lo que parece un síntoma nacional, a la
vista de que son ya unas 40 las concentraciones de protestas
que se han venido produciendo por motivos similares desde
2013.
Un sombrío panorama que nos sitúa en un horizonte realmente
complicado, cuando se ponga en funcionamiento el nuevo
centro penitenciario que, al decir de los sindicatos, con la
actual dotación de personal, no podría dar un rendimiento ni
del 30%, lo que significa que ha de variar sustancialmente
la situación para que los mínimos niveles de eficacia
mejoraran un servicio digno en las nuevas instalaciones. Una
edificación que se vendió como una posibilidad económica de
desarrollo para nuestra ciudad, como un impulso a la
economía local y al empleo, cuando a la vista de la alarma
que encienden los sindicatos, las perspectivas no parecen
nada halagüeñas. La inversión que se ha hecho merecería un
cambio de dinámica a la actual, evitando el envejecimiento
de la plantilla con una media de edad de 50 años, la falta
de Oferta Pública, y la tasa de reposición. La situación ha
de variar para que se crea en el futuro.
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OPINIÓN / EDITORIAL
