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Más presencia de las ONG y menos de la Policía Nacional. El
Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)
ya tiene el visto bueno del Consejo de Ministros, que ayer
aprobó este texto que llega para cubrir un vacío legal.
Entre las novedades que incorpora está que los inmigrantes
pasarán de ser un número a identificarse con su nombre, las
fuerzas de policiales se limitarán a la custodia de las
instalaciones y será personal especializado el que atienda a
los internos, y el director ya no tendrá la última palabra a
la hora de trasladar a un interno al hospital, ni supervisar
la presentación de quejas de los inmigrantes recluidos.
Mientras, las ONG podrán acceder a las instalaciones, previa
acreditación; y las comunicaciones con abogados y consulados
no serán objeto de supervisión policial.
En España, la estancia en los CIE está limitada a 60 días,
aunque la media de permanencia está entre los 22 y 23. A
diferencia de los CETI, los CIE son el paso previo de un
inmigrante antes de ser expulsados de España. Sin embargo,
en torno a la mitad de los inmigrantes que pasan por alguno
de los ocho CIE que hay en el país no son expulsados. Según
la memoria anual del Fiscal Coordinador de Sala de
Extranjería, en 2012 fueron privados de libertad en estas
instalaciones un total de 11.325 personas, de las que 5.924
fueron finalmente deportadas. Mientras, los CETI se siguen
saturando de personas que no pasan a los CIE si no se
resuelve su expulsión antes.
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