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El Parador La Muralla acogió ayer un encuentro organizado
por el Bufete de abogados de Fernando Osuna, que defiende
las pensiones extraordinarias de retiro o jubilación de unos
180 afectados entre guardias Civiles, policías y militares
de toda España, heridos en acto de servicio y que han visto
limitadas a un tope sus pensiones (187.950 pesetas
mensuales) por una modificación normativa de los
Presupuestos de 1.984, vienen reclamando su equiparación a
quienes sufren atentados terroristas que no tienen ninguna
merma en este capítulo, por entender que es injusto que se
les restrinjan sus derechos, dando lugar a un agravio
comparativo.
El gabinete jurídico Osuna reclama ante diversas instancias,
esta situación que contraviene en su opinión normas
jurídicas nacionales, internacionales y la propia
Constitución, por lo que reclaman que “desaparezca ese
recorte”.
Fernando Osuna pone un ejemplo. “Si en un banco hay un
atraco y el policía pierde una pierna y se ha de retirar, se
le aplica un recorte en su pensión, pero si este mismo hecho
lo hace un grupo terrorista, no tiene ese tope o recorte en
la pensión, lo cual consideramos injusto”.
Se presentan para subsanar esta situación una serie de
reclamaciones desde el 2010. Recientemente, al igual que
sucede ahora en Ceuta, se celebraron reuniones informativas
en Alicante y Valencia con afectados por esta situación y se
incorporaron una veintena. “Es un procedimiento
administrativo –dice Osuna-, y luego está la vía judicial,
después iríamos al recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional y, si hace falta, al Tribunal de derechos
Humanos de Estrasburgo y ahí tenemos muchas posibilidades de
que se contemple nuestra reclamación”.
En cuanto a las cantidades que se reclaman, oscilan entre
diferencias mínimas entre 700 y 800 euros y máximas que
alcanzan los 1.400 y los 1.800 euros. En el caso de Ceuta se
calcula que, entre 15 y 20 son los afectados. Sobre el
importe que cuesta a este colectivo este proceso judicial,
la cantidad es prácticamente simbólica, en palabras del
gabinete jurídico que la lleva: 150 euros por cada uno,
incluyendo los trámites en Europa.
En esta reclamación, según los juristas de Osauna, “lo ideal
sería que la reclamación alcanzara el efecto retroactivo,
pero al menos, queremos lograrlo desde el momento que se
formularon las reclamaciones, es decir, desde 1.984 si se
obtiene con efecto retroactivo absoluto, intermedia si se
hace desde el momento de la reclamación o con la sentencia
del Tribunal europeo de los Derechos Humanos”.
Este gabinete jurídico quiere animar a quienes se sientan
afectados por esta situación que se sumen a las
reclamaciones de este colectivo, sin que supongan que tengan
que esperar seis años para ponerse al día, ya que hay una
serie de procesos ya superados y algunos trámites se pueden
evitar para los que se incorporen de manera reciente. “No
tendrían que esperar seis u ocho años para resolver su
situación”, explica Fernando Osuna.
Los argumentos que esgrimen estos abogados es vulneración
del derecho fundamental de igualdad en relación con las
pensiones de terrorismo, y reclamando el cobro íntegro de
las pensiones extraordinarias sin tope, en atención a su
peculiaridad. Es decir, habría que basarse en la vulneración
de un derecho fundamental, para reclamar que, aunque dicha
medida siga incluyéndose en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, se legisle la excepción, como se hizo
con las pensiones de terrorismo.
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denuncia
