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CSI-F presentó ayer en el Registro de la Ciudad un escrito
el cual ha dirigido al presidente de la Ciudad Autónoma,
Juan Jesús Vivas, la consejera de Presidencia, Yolanda Bel,
y el director general de Recursos Humanos, Juan Manuel de la
Torre, para denunciar la instalación de cámaras de
video-vigilancia en todas las dependencias municipales.
Este sindicato, ha manifestado su desconcierto por la nueva
instalación de este tipo de material de grabación en
dependencias municipales y ha vuelto a denunciar esta
práctica del Gobierno de la Ciudad Autónoma que “con dinero
público y saltándose presuntamente toda la legislación en
referencia a la tan desconocida para el gobierno como, la
Constitución Española y, como no, la Ley de Protección de
Datos de carácter personal”.
Desde CSI-F se ha recordado que una situación idéntica ya
fue denunciada por CCOO y UGT en el mes de junio de 2011 en
referencia a las cámaras que se instalaron dentro del
cuartel de la Policía Local, aunque en la situación actual,
tal y como se indica desde el sindicato, “es infinitamente
más compleja, delicada, presuntamente fraudulenta y costosa
para el gobierno ya que, la instalación de un elevado número
de cámaras de video vigilancia en todos los pasillos,
espacios, salones, escaleras y sobretodo, el negociado de
estadística, vulneran el derecho a la intimidad que ampara
la Constitución Española y, uno de los requisitos básicos y
necesarios para la realización de dicha actividad como es,
el consentimiento expreso del afectado”.
A este respecto, y tras presentar los escritos por Registro,
desde CSI-F se espera que “la desafortunada instalación, sea
precisamente eso, y no un intento de encubiertamente
controlar y lo que es peor, conocer todos y cada uno de los
movimientos y relaciones personales de los trabajadores de
la Ciudad Autónoma”.
Igualmente, CSI-F hace especial mención a las dos cámaras
instaladas en el negociado de estadística, indicando que
esta instalación de dos cámaras de video-vigilancia con
grabación “vulnera absolutamente la intimidad no sólo de los
trabajadores que allí están adscritos, que sienten que están
en un gran hermano, sino la de todos y cada uno de los
usuarios que allí se desplazan para realizar sus gestiones
personales y privadas”.
En este sentido, CSI-F advierte que se tendrá que tener en
cuenta que todos y cada uno de los usuarios que allí sean
grabados diariamente sin su consentimiento expreso “podrían
denunciarlo a las autoridades conllevando sanciones a la
administración de hasta 600.000 euros para cada uno, y esto
teniendo en cuenta la multitud de personas que diariamente
se dirigen al negociado, no creemos que sea muy rentable”.
El sindicato ha indicado que apoya incondicionalmente
cualquier medida que busque mejorar la seguridad del Palacio
Autonómico, sobretodo en lo que respecta a la entrada y
salida de personas del edificio donde actualmente “no se
identifica a nadie de los que acceden, pero nunca en
detrimento de uno de los derechos más protegidos en nuestra
Constitución, el derecho a la intimidad”.
CSI-F tampoco llega a entender como en la situación
económica actual, “siendo una instalación costosa y no
habiendo podido localizar la oferta de licitación de dicho
sistema e instalación en la web dedicada a ello, han podido
realizarse dicha contratación, por lo tanto y con
declaraciones de prensa recientes en la memoria, solicitamos
el expediente completo de dicha adquisición, instalación y
puesta en marcha del sistema para estudiar posibles
irregularidades”.
Por último, desde el sindicato se ha solicitado al Gobierno
y en especial, a su presidente, que “recapacite y ordene de
manera inmediata, la desinstalación de todas y cada una de
las cámaras instaladas” ya que tal y como se ha informado
desde CSI-F se verá en la obligación y el deber de denunciar
dicha situación a la Agencia Española de Protección de
Datos.
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