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La noticia de que Costas ha
procedido al archivo de las actuaciones de derribo de las
casas de Benzú que afectaban a veinticinco familias, ha sido
una buena noticia para quienes sufrían el trauma de verse
desalojados de sus viviendas por la Ley de Costas. La
paralización de los expedientes por silencio administrativo
y la caducidad de los mismos dado el tiempo transcurrido sin
dictar resolución expresa, favorece la situación de quienes
se veían en la calle con la sensación, siempre traumática de
una situación forzada y no deseada, despojados del arraigo
de muchísimos años y perdiendo un vínculo que, incluso a
efectos de indemnización, está contemplado jurídicamente, ya
que las personas no son objetos ni monedas de cambio, a
pesar de las circunstancias que puedan rodear su existencia.
Con la cautela que es comprensible, la Plataforma en Defensa
de los Vecinos de Benzú aún espera el discurrir de los
acontecimientos pero ya cuentan un buen indicio. En todo
este tiempo desde que se tuvo conocimiento de cuál podía ser
el futuro incierto que les aguardaba, los vecinos afectados
han contado con la solidaridad y adhesión de numerosos
colectivos, síntoma inequívoco para demostrar que no estaban
solos y que merecían un respaldo público. En este período de
tiempo, también es verdad que Ciudad Autónoma de Ceuta y
Delegación del Gobierno han expuesto que habían alternativas
para no dejar desprotegidos y en la calle a los desalojados.
Sin embargo, evitando situaciones violentas y traumáticas,
siempe es mejor alcanzar acuerdos y buscar soluciones. No se
requieren tensiones para lograr el entendimiento y la
Delegación parece haberlo entendido así. Benzú siempre ha
sido una barriada tan entrañable como alejada
geográficamente del centro. Y sus vecinos bien merecían una
solución satisfactoria.
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OPINIÓN / EDITORIAL
