El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se empeñó
ayer su palabra en el Pleno del Congreso cuando argumentó
que está dispuesto a entregar en la Cámara toda la
documentación sobre la tragedia de Ceuta remitida al juzgado
que instruye el caso, a cambio de poder negociar un pacto de
Estado en materia de política de Inmigración al menos, algo
a su entender necesario, con el Grupo Socialista.
Pero el anuncio del ministro se llevará a cabo siempre y
cuando el Juzgado número 6 de Ceuta, que es el que lleva las
actuaciones tras la aparición de cinco cadáveres de
inmigrantes en el las playas del litoral ceutí, lo autoriza
e incluye el manual de la agrupación de la Guardia Civil,
imágenes en vídeo de la zona de la valla y del SIVE y los
audios de las conversaciones que mantuvieron los agentes
mediante el sistema de radiocomunicaciones digitales de
emergencia del Estado, esto es, las conversaciones que se
mantuvieron entre los agentes y entre estos y sus mandos
Asimismo, consta de un informe de la Dirección Adjunta
Operativa sobre la noche de la tragedia, los informes de la
Comandancia en Ceuta de los días 6 al 8 de febrero y un
informe específico de la Oficina de Extranjería de la
Policía Nacional sobre la devolución de inmigrantes a
Marruecos, documentación toda esta, que había sido requerida
a Interior por la instructora.
La solicitud del mencionado permiso se cursará de inmediato
y en caso de que Interior reciba luz verde de la jueza,
solicitará la comparecencia del secretario de Estado de
Seguridad, Francisco Martínez, ante la Comisión de Interior
la próxima semana para dar cuenta de toda esta información y
trasladarla a los grupos parlamentarios, conforme ha
aclarado más tarde el ministro en los pasillos del Congreso.
Fernández Díaz ha llegado a este compromiso después de que
el portavoz de Interior del Grupo Socialista, Antonio Trevín,
condicionase la negociación de un pacto de Estado sobre
Inmigración al esclarecimiento de las 15 muertes camino de
Ceuta el pasado 6 de febrero. Para el ministro, el acuerdo
es “indispensable” para España y “no es incompatible con la
clarificación” del suceso.
“Yo estoy dispuesto a aportar siempre que la autorización
judicial nos lo permita, cuanta documentación nos ha
requerido y a ponerla a disposición en el formato que usted
considera oportuno para que no haya dudas de nuestra
voluntad de que se clarifique lo de Ceuta y que eso nos
permita acometer el problema de raíz, estableciendo un pacto
para que podamos ir juntos a Europa a decir que el control
de las fronteras en Ceuta y Melilla es un problema
comunitario”, ha dicho a Trevín desde la tribuna.
Durante su intervención, el ministro se ha ido apoyando en
declaraciones realizadas por dirigentes del gobierno
socialista ante la Cámara durante las llamadas ‘crisis de
las vallas’ de los años 2005 y 2006 para defender la
actuación de los agentes policiales en frontera, hacer un
llamamiento al “sentido de Estado” en materia de inmigración
y destacar que su departamento está siendo más transparente
de lo que lo fueron sus predecesores.
“Frente a la opacidad de la que dieron ustedes magnífico
ejemplo cuando se produjeron trágicos acontecimientos en
aquellos años, ofrezco a esta Cámara la mejor disposición
para que una vez aclarado lo que sucedió en Ceuta, podamos
acometer ese Pacto sobre inmigración que en todo caso es
preciso que el gobierno tenga con el PSOE, sin excluir a
ningún otro grupo político”, ha señalado el ministro.
Fernández Díaz ha planteado “con qué autoridad” va a ir
España a exigir política común de inmigración a la UE “sin
que sea una política de Estado” dentro de sus fronteras y
por eso, ha incidido en su voluntad de cerrar un acuerdo.
“Ese pacto es necesario para España y es necesario para
Europa. Es un pacto indispensable”, ha sentenciado. En
respuesta, el portavoz socialista ha afirmado que el PSOE
“está dispuesto a celebrar esa Comisión pero nunca va a
aceptar un paripé” que pretenda sustituir a una verdadera
aclaración de lo que ocurrió aquella madrugada en El Tarajal.
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El Juzgado archivaría el caso si las muertes fueron en
Marruecos
La titular del Juzgado de
Instrucción número 6 de Ceuta que investiga las
circunstancias de la muerte de los cinco inmigrantes cuyos
cadáveres llegaron a aguas o playas españolas tras la
tragedia del pasado 6 de febrero, cuando 15 personas
perdieron la vida intentando entrar en grupo en la ciudad
autónoma, “archivaría” la causa por falta de jurisdicción si
las diligencias concluyen que, tal y como no ha dejado de
asegurar el Gobierno español, los indocumentados fallecieron
en zona de jurisdicción marroquí.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) , tal extremo no es, de momento, más que “una
hipótesis”, aunque es la única que han barajado oficialmente
las instituciones. El delegado del Gobierno en Ceuta,
Francisco Antonio González Pérez, lamentó haber tenido que
“repetir” que los sucesos con resultado de muerte se
produjeron “fuera de España”.
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