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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al
Gobierno que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) preste especial atención a los principios
de normalización e inclusión y de no discriminación e
igualdad de las personas con discapacidad, de acuerdo con la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Esta recomendación es consecuencia de la petición de recurso
ante el Tribunal Constitucional formulada por el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
contra la LOMCE.
Si bien el Defensor del Pueblo no ha presentado recurso de
inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal, considera
necesario formular esta recomendación para que se garantice
normativa y presupuestariamente la educación inclusiva del
alumnado con discapacidad en el desarrollo y la aplicación
de la ley.
El Defensor recuerda que el derecho a la educación de los
niños con discapacidad se basa en los principios de
inclusividad y no segregación, con una escolarización
normalizada y con los apoyos educativos necesarios en
centros ordinarios.
Así, la escolarización en centros ordinarios debería ser la
norma, mientras que la escolarización forzada de alumnos con
discapacidad en centros de educación especial, debería tener
carácter excepcional.
A juicio de la Institución es necesario dotar a los centros
ordinarios con los medios personales y materiales necesarios
para la escolarización de alumnos con necesidades educativas
específicas para que su escolarización sea posible en
condiciones de igualdad.
Además, es preciso facilitar a los padres o tutores de los
alumnos una participación activa, completa y directa en las
decisiones de escolarización que se adopten y establecer
mecanismos ágiles y eficaces de reclamación y recurso en el
caso de los padres o tutores no estén conformes con las
decisiones de las administraciones educativas.
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peticion
