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El debate de la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior de la
Eurocámara, ha puesto sobre la mesa dos asuntos: la petición
española de más fondos para la inmigración y la actuación
que se produjo a la hora de evitar la invasión de sus
fronteras que son las de Europa. En el primer caso, se ha
destacado que nuestro país es un benefactor de fondos
europeos con los 300 millones del Fondo de Fronteras
Externas y los 200 del Fondo de Seguridad Exterior. Sin
embargo, el Gobierno español requiere 45 millones más para
garantizar la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla,
cuya presión migratoria -como expuso algún eurodiputado
español-, es muy fuerte, aludiendo a los 40.000 inmigrantes
que hay cerca de Ceuta y otros 40.000 en Mauritania
esperando llegar a nuestra ciudad. Una situación que, desde
la distancia, desde Bruselas, se ve con la frialdad del que
pondera esta circunstancia en la lejanía y con
planteamientos muy “sui géneri” acerca de lo que hay o no
que hacer en estos casos.
El interés en conocer los procedimientos e instrucciones
para comprobar si están en línea con la legislación de la
Unión Europea, llevó al eurodiputado socialista, López
Garrido a manifestar que no era lugar para que España
rindiera cuentas, ya que únicamente ha de hacerlo en el
Parlamento español. Quienes opinaron que se debe respetar el
uso proporcional de las fuerzas en el control de las
fronteras externas, confrontaron con aquéllos eurodiputados
que se mostraron contrarios a que no se haga nada. Además,
también se puso de relieve que ni España ni Europa tienen
una capacidad de acogida ilimitada. No hubo referencias a la
cooperación con terceros países y sí intención de reconvenir
a España por los sucesos y estudiar la petición económica.
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OPINIÓN / EDITORIAL
