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Eran las 7:39 horas del 11 de marzo de 2004 cuando tres
bombas estallaban en un tren que llegaba a Atocha. Instantes
después lo hacían otras siete más en otros convoyes en la
mayor acción terrorista de la historia de España, que desató
una ola de solidaridad ciudadana y sacudió el país a tres
días de las elecciones generales. 191 personas fueron
asesinadas en los atentados perpetrados por una célula de
terroristas de Al Qaeda: 34 perecieron en el tren que
explotó en la estación de Atocha; 63 en el que explotó
frente a la calle Téllez; 65 en el de la estación del Pozo
del Tío Raimundo; 14 en el que estaba en la estación de
Santa Eugenia y 15 en diferentes hospitales. Más de 1.800
viajeros resultaron además heridos.
Un ataque contra la población civil, “contra el corazón de
la ciudad, contra su motor”, en palabras del entonces
alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, que, por
encima del dolor sufrido, destaca para Efe la reacción
inmediata de “serenidad”, de “solidaridad” y de “eficacia
formidable” de un Madrid volcado en recuperar su pulso.
Y es que un década después, no hay duda de que el 11M marcó
un antes y un después en la respuesta ante una emergencia de
esa magnitud, en la que desde los servicios sanitarios hasta
las fuerzas de seguridad cumplieron con nota, al igual que
la ciudadanía.
Taxis y autobuses convertidos en improvisadas ambulancias,
vecinos que en pijama auxiliaron con lo que podían a los
heridos, pacientes que pedían el alta de forma voluntaria en
el hospital para dejar su cama a cientos de lesionados,
ciudadanos que dejaron su trabajo o sus clases en la
universidad para donar sangre...
Más acostumbrados al zarpazo de ETA, la masacre yihadista
también provocó una gran tensión política. A tres días de
celebrarse unas elecciones generales, los partidos
decidieron inmediatamente suspender sus campañas, con la
autoría de los atentados muy difusa.
Apenas dos horas después, el entonces presidente del
Gobierno, José María Aznar -Mariano Rajoy era el candidato
del PP-, convocaba el gabinete de crisis y al mediodía el
ministro del Interior, Ángel Acebes, aseguraba que “no había
duda de la autoría de ETA”.
Sin embargo, desde el primer momento la pregunta que asaltó
a muchos ciudadanos fue “¿quién ha sido?” y casi al mismo
tiempo la respuesta de que había sido la banda terrorista
fue diluyéndose mientras ganaba fuerza la hipótesis
yihadista.
Entretanto, varios miles de ciudadanos no esperaron ni
cuarenta y ocho horas para salir a la calle en solidaridad
con las víctimas, en una de las mayores movilizaciones de la
historia.
Prácticamente todos los sondeos apuntaban a una victoria de
Rajoy, frente al también nuevo candidato socialista José
Luis Rodríguez Zapatero, que el 14 de marzo se convirtió en
el nuevo presidente del Gobierno.
Dos meses después, el Congreso de los Diputados aprobaba la
creación de una comisión parlamentaria de investigación
sobre los atentados, de los que ya había más de una decena
de detenidos en las horas y días siguientes a la tragedia.
Una mochila-bomba sin estallar, hallada en el tren de la
estación de El Pozo, permitió conocer el tipo de explosivo y
el número de la tarjeta del móvil al que estaba conectado.
Según la investigación, el atentado fue obra del Grupo
Islámico Combatiente Marroquí (GICM), autor de la muerte de
45 personas en Casablanca en mayo de 2003.
No fue hasta el 15 de febrero de 2007 cuando arrancó en
Madrid el juicio. La sentencia llegó en octubre para
concluir que en los atentados participaron 22 hombres: los
siete que se suicidaron en un piso de Leganés (Madrid) y en
el que falleció el GEO Francisco Javier Torronteras; 14 de
los procesados (que recibieron penas no superiores a los 15
años de cárcel) y una persona sin identificar.
Los siete suicidas de Leganés, entre ellos Jamal Ahmidan, El
Chino, Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino, junto a Zougam y
El Gnaoui, fueron quienes colocaron las 13 mochilas cargadas
con explosivos (tres no detonaron).
Jamal Zougam y Otman El Gnaoui, -condenados a 42.922 y
42.924 años de prisión, respectivamente- fueron considerados
autores de los atentados: el primero porque fue reconocido
en los trenes y el segundo porque su ADN fue hallado en una
sudadera de uno de los terroristas.
La tercera condena más abultada recayó en el exminero José
Emilio Suárez Trashorras, que fue condenado a 34.715 años
por sustraer los explosivos y suministrarlos a la célula.
Una década después, el 11M es un caso “judicialmente
resuelto”, aunque no cerrado, ya que la sentencia dejó
abierta la posibilidad a que hubiera más terroristas
implicados y el juzgado de la Audiencia Nacional que
investigó el atentado mantiene abierta una pieza con los
perfiles genéticos que quedaron sin identificar.
De los 18 condenados entonces, catorce siguen en prisión,
aunque la cifra se reducirá pronto a trece con la
excarcelación del exconfidente de la Guardia Civil Rafá
Zouhier, que habrá cumplido la pena impuesta de 10 años.
Un tiempo en el que el Estado ha indemnizado a las víctimas
con más de 318 millones de euros, y en el que aún cerca de
200 heridos o familiares de fallecidos necesitan ayuda
psicológica por estrés postraumático, ansiedad o depresión.
Todavía hoy una persona continúa hospitalizada en estado
vegetativo y hasta 89 sufren heridas que les han dejado
totalmente inválidas o con un grado de incapacidad física
que les inhabilita para trabajar.
Diez años después también las fuerzas de seguridad han
tenido que reforzar la lucha contra el terrorismo
internacional hasta incluso multiplicar por cinco sus
efectivos especializados.
Aunque la amenaza de un nuevo atentado ha descendido
notablemente, Policía y Guardia Civil no bajan la guardia y
se muestran preocupados porque España esté en el centro de
los círculos de captación de yihadistas, principalmente en
Ceuta y Melilla.
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reportaje /
Una década después del 11M
