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La Administradora Única de la
empresa Kibesan 2.000, entidad involucrada en los
fraccionamientos de pago de la consejera de Presidencia,
Gobernación y Empleo declarará como testigo el 9 de abril.
Una citación que, unida a otras más, supone recoger el
testimonio de una responsable directa de la mencionada
empresa en un asunto en el que se está dirimiendo si hubo o
no razones para acusar a la actual imputada, Yolanda Bel, de
un presunto delito de prevaricación por su actuación en este
asunto que fue denunciado por la Asociación Conciencia
Limpia ante la Fiscalía y que ésta al encontrar indicios de
presunto delito, derivó al Juzgado.
A este hecho de prestar declaración por parte de la
Administradora Única de la empresa Kibesan se une otro dato:
desde que se “destapó” este escandaloso asunto, la
mencionada empresa Kibesan no ha vuelto a mantener
relaciones comerciales con la Ciudad Autónoma de Ceuta. Una
empresa que, tras las liquidaciones económicas que se
produjeron en su día, amplió su objeto social para darle
cobertura a las mismas y que no se recogían en el momento de
los fraccionamientos de pagos. Estas circunstancias tan
peculiares, no hacen mas que extender sospechas sobre unas
actuaciones que en la actualidad están siendo investigadas
en el juzgado.
El procedimiento seguido por la jueza busca, como no podía
ser de otra manera, el esclarecimiento de unos hechos con
los testimonios lógicos de quienes puedan aportar luz al
caso. Este período de diligencias previas busca determinar
las posibles resposabilidades a que hubiera lugar. La
realidad hasta ahora es que Yolanda Bel está imputada por un
presunto delito de prevaricación.
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OPINIÓN / EDITORIAL
