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La situación de los trabajadores
de las Brigadas Verdes es un tema que preocupa a la
oposición política en la Asamblea. El pasado 23 de febrero,
Coalición Caballas reclamaba que se suscribiera de una vez
el mencionado convenio para dar estabilidad laboral a los
150 trabajadores del mismo y también el PSOE, sitúa las
críticas en considerar que se está “ninguneando” a los
trabajadores por las continuas excusas y demoras, unas veces
por “descuido burocrático”, y en otras “por razones
técnicas” como ha sido la última justificación del Gobierno,
aunque lo cierto es que, los diferentes períodos que se han
ido anticipando se incumplen sistemáticamente y en política,
la mentira no es aceptada como una virtud democrática porque
cuestiona la credibilidad del representante público. Asuntos
que al Gobierno Vivas poco parecen importarle a tenor de la
altanería con la que se prodiga, como si su comportamiento
tan indiferente significara desprecio absoluto a los
trabajadores.
No es razonable mantener en vilo la preocupación de 150
familias. Primero con el retraso en el pago de las
retribuciones a los trabajadores, después con la demora en
suscribir el convenio con la Federación de Asociaciones de
Vecinos, a quien Caballas acusaba de no haber tramitado la
documentación que le exigía Intervención. De ahí que, ni las
mutuas confesiones de entendimiento que se dispensaron
Gregorio García Castañeda y José Ramos en público, ni los
desmentidos de éstos sobre posibles diferencias entre ambos,
sirvan para difuminar la sospecha de que algo no funciona,
que por alguna razón, hay aspectos que se ocultan y que,
políticamente, no se ve como correcto sacarlos a la luz
pública. Este disimulo de despiste y las excusas sobre los
retrasos, demuestran poca claridad.
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OPINIÓN / EDITORIAL
