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Caballas ha criticado duramente este sábado “la política del
PP”, denunciando que el pasado viernes el Boletín de la
Ciudad publicaba el anuncio por el que se expone a
información pública la intención de adjudicar una concesión
administrativa de 150 metro cuadrados, “a un empresario de
la Ciudad, en la Playa del Chorrillo para montar un
negocio”.
Esta denuncia hace referencia a la decisión del Servicio de
Costas de la Delegación del Gobierno de someter a
información pública la petición que ha recibido del
empresario Francisco Javier Kimatrai, ex gerente de Contenur
en la ciudad autónoma, para disponer de un total de 150
metros cuadrados de Dominio Público Marítimo-Terrestre, el
mismo bien que se está recuperando en Benzú, en la zona del
primer espigón de la playa del Chorrillo durante 75 años
para habilitar allí “un establecimiento de expedición de
comidas y bebidas ‘tipo chiringuito”.
El empresario quiere contar con 100 metros cuadrados de
cerramiento y 50 metros de plataforma tipo terraza. Su
negocio quedaría sito entre los hitos 22 y 23 del vigente
deslinde.
Caballas destaca que “a lo mejor pretenden derribas las
casas de Benzú para cederle la playa a otro empresario amigo
y que haga negocio con el patrimonio de todos. Es vergonzoso
que el Delegado del Gobierno, afamado en todo el país por
mentiroso, se permita el lujo de descalificar la
manifestación de los vecinos de Benzú alegando motivos
espurios, mientras se dedica a favorecer a los afines de su
partido”, lamentan los localistas.
“Esta es la política del PP”, lamenta Caballas, que denuncia
que “a las familias humildes se las desaloja de sus
viviendas en la Playa de Benzú, sin miramientos ni
consideración, y a los empresarios amigos se les regala la
playa para que monten negocios”.
Además, según Caballas, además el empresario en cuestión,
Francisco Javier Kimatrai, “está relacionado con la empresa
por la que Yolanda Bel está imputada”, la sociedad ‘Kibesan
2000’.
Hay que recordar que el conocido “Caso Kibesan” surgió a
raíz de una denuncia pública realizada por el PSOE ceutí, al
detectar unas presuntas irregularidades en unas compras
realizadas a la mencionada empresa.
Posteriormente, la Asociación “Conciencia Libre” presentó en
los Juzgados una denuncia contra la Consejera de
Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, por los
presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias,
al fraccionar los pagos que se hicieron a esta empresa para
la adquisición de material para los trabajadores de los
Planes de Empleo, todos ellos inferiores a los 18.000 euros,
que no requieren más control que la simple adjudicación
directa y, aunque el volumen total hubiera sido susceptible
de convocar un concurso público de adjudicación.
En la actualidad, la instrucción del denominado caso Kibesan
sigue su curso. El pasado 22 de enero añadió al sumario el
testimonio de la consejera de Presidencia, Empleo y
Gobernación, Yolanda Bel, que acudió a la cita como
imputada, acogiéndose a su derecho a no declarar para evitar
contestar las preguntas de la acusación.
A la titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Ceuta
le corresponderá ahora evaluar las diferentes pruebas
aportadas por las partes y las que aún aportarán para
determinar si archiva el caso al no apreciar delito alguno o
da traslado bien a la Audiencia o bien al correspondiente
Juzgado de Lo Penal para la apertura de juicio oral
señalando el o los supuestos delictivos y las personas
responsables en su caso.
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caballas
