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La portavoz accidental del Ejecutivo local, Yolanda Bel,
explicó el pasado viernes que “gastos sin justificar” por
parte de la Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso
mantienen paralizada la renovación del Convenio que sostiene
las Brigadas Cívicas, con cargo al que se mantiene a más de
diez trabajadores que no cobran sus salarios desde mediados
del año pasado.
El pasado mes de noviembre 2013, el presidente de la
Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso, Abdelkamal
Mohamed, reconoció la existencia de un problema de “mala
gestión” pero aseguró estar negociando ya con la Tesorería
General de la Seguridad Social el pago fraccionado de las
deudas acumuladas.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ya venía avisando de
‘irregularidades’ en la gestión del citado convenio. Más
concretamente, en su Anteproyecto de Informe anual
correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, ha detectado
deficiencias y carencias en la definición de las actividades
y los trabajos subvencionados, en el proceso de selección de
las personas que integraron la denominada Brigada Cívica,
así como en el seguimiento y evaluación de las ayudas, no
habiéndose constituido la comisión mixta de seguimiento
prevista en el Convenio a través del cual se formalizó esta
subvención”.
Además señala que “la cláusula primera del convenio suscrito
con la FPAAVV estableció de forma genérica y poco precisa el
objeto subvencionable y su ámbito temporal de aplicación, al
señalar que el mismo tenia por finalidad ‘la realización de
trabajos para el fomento de la convivencia en las distintas
barriadas de nuestra Ciudad, abogando a todos los ciudadanos
a das ejemplo de convivencias’ sin determinar, por la tanto,
de forma clara y concreta qué tipo de actividades y qué
gastos eran subvencionables”. De acuerdo con la memorias
presentadas por la FPAAVV, las actividades desarrolladas por
las denominada ‘Brigada Cívica del Principe’ consistieron,
principalmente en “el acompañamiento a los autobuses que se
desplazan desde el centro con el fin de evitar el
vandalismo, el acompañamiento en procesiones religiosas con
el objeto de evitar al lanzamiento de objetos contundentes a
los penintentes, el acompañamiento a los asistentes
sociales, ambulancias, bomberos, y vecinos con problemas de
traslado, la colocación de carteles informativos en la
barriada para su conocimiento general, así como la
comunicación a la Ciudad de averías u otras demandas
vecinales de limpieza por malos olores, basuras y aguas
residuales.
El Anteproyecto de Informe del Tribunal de Cuentas subraya
que “en el Convenio no se ha recogido el ámbito temporal de
los servicios y actividades prestadas, ni el número de
componentes que debían formar parte de la Brigada. Asímismo,
tampoco se ha determinado ni los criterios objetivos ni el
proceso de selección de las personas. Se formalizaron once
contratos laborales correspondientes a cada uno de los
mienbreso de la citada brigada cívica, cuya extinción se
produjo el 30 de septiembre de 2010”.
Además el Tribunal de Cuentas expone que “tampoco se ha
realizado en informe de auditoria exigido en el art. 24 del
Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, aplicable
al todas las subvenciones superiores a cien mil euros cuya
justificacion se realizase a partir del 20 de abril 2010 ni
se ha podido verificar la percepción de otras ayudas o
subvenciones recibidas con la misma finalidad, al no haberse
aportado las cuentas de la Asociación correspondientes al
ejercicio 2010.
Por otro lado, Anteproyecto de Informe indica que “como en
ejercicios anteriores, la Ciudad presupuestó incorrectamente
estas ayudas en el capítulo 2 gastos corrientes en vez de en
el 4 transferencias corrientes, tal y como se prevén en la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de
diciembre de 2008, por las que se establece la estrucutura
del presupuesto de las Entidades Locales. Por otro lado, las
ayudas se registraron de forma conjunta o agrupada en el
concepto presupuestario ‘Convenios y concieros entidades
Bienestar Social’, lo que contradice la concepción
nominativa de estas subvenciones que requiere la desiganción
literal del crédito presupuestario debido al trato singular
que hay que dar al beneficiario”, añadiendo que “el convenio
fue fiscalizado de conformidad por la intervención de la
Ciudad”.
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