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Dicho y hecho, tal y como ya alertó CSI-F en la última
Mesa General de Negociación, la dirección del sindicato
presentaba ayer ante el Registro de la Ciudad un escrito por
el que insta al Gobierno de la Ciudad a revisar todas y cada
una de las superiores categorías existentes en la
Administración Local y convoque los concursos oportunos para
la cobertura de las plazas y puestos que vienen siendo
ocupados mediante adscripciones provisionales en superiores
categorías por un periodo superior a tres meses, tal y como
así viene reflejado en el artículo 32.III del Acuerdo
Regulador y el Convenio Colectivo.
Tal y como refleja el sindicato en su escrito esta continua
reivindicación que viene realizando desde hace tiempo no han
sido nunca contestadas, ni resueltas a través de ningún otro
mecanismo alternativo con el que buscar corregir lo que CSI-F
considera una “irregular cobertura de las plazas y los
puestos referidos”.
Por este motivo, el escrito de alegaciones presentado ayer
en el Registro refleja que se “tenga por requerido el
cumplimiento de la obligación y en consecuencia se acuerda
dar cumplimiento a las previsiones recogidas en el artículo
32 del Acuerdo Regulador y el Convenio Colectivo”.
Del mismo modo, se ha informado desde el sindicato que la
Ciudad tiene por delante un mes para contestar y cumplir con
el escrito presentado. De no ser, tal y como se ha asegurado
desde la dirección de CSI-F, el Gabinete Jurídico cuenta en
su poder con toda la documentación pertinente para proceder
a formular una denuncia en los Juzgados ante esta situación.
Hay que recordar que el pasado lunes, este sindicato ya
presentó en los juzgados la denuncia pertinente por las
superiores categorías que se han decretado en la Biblioteca,
y ahora se le otorga un plazo de un mes a la Ciudad para
“corregir” la situación de las superiores categorías en la
Administración Local si la Ciudad quiere evitar que vuelva a
ser llevada a los juzgados.
Tal y como ha podido saber este diario serían un total de 83
personas las que se encuentran ocupando un puesto de
superior categoría en la Administración Local, y las que por
consiguiente podrían verse afectadas si la Ciudad en vez de
regularizar esta situación a través de los concursos que
solicita el CSI-F prefiere dejar que la justicia se
pronuncie sobre esta situación.
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