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CCOO ha solicitado a la directora general de Función Pública
una reunión urgente de la Mesa de Negociación de la
Administración General del Estado (AGE) para negociar la
forma en que la Administración tiene que devolver la parte
devengada de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.
Se trata de reconocer el derecho del personal de la
Administración del Estado a percibir esta parte devengada,
tal y como han establecido la práctica totalidad de los
juzgados, evitando, de esta manera, el aluvión de solicitud
de extensión de sentencias que se van a producir y que
supondrán un aumento de trabajo a unos juzgados, en muchos
casos ya colapsados, y un gasto público innecesario.
La solicitud de reunión la ha realizado el sindicato tras
conocer las dos sentencias que se han producido dando la
razón a CCOO sobre la devolución de la parte devengada de la
paga extra de diciembre de 2012.
En ambas sentencias, tanto la del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja referida a un funcionario de la
Seguridad Social, como la del Juzgado Central de lo
contencioso administrativo número 4 de Madrid que afecta a
un funcionario del Ministerio del Interior, se reconoce el
derecho a percibir los 44 días devengados de la paga extra
de diciembre 2012.
Ambas sentencias, fruto de la estrategia elaborada por CCOO
conjuntamente con la plataforma sindical y de asociaciones
profesionales, son las primeras en la Administración General
del Estado, ya que hasta ahora los tribunales se habían
pronunciado a favor de las empleadas y empleados públicos de
Administraciones locales o autonómicas.
CCOO ya denunció en su momento la injusticia que suponía la
eliminación de la paga extra, el quebranto económico y el
ataque al derecho de negociación colectiva que dicha
supresión supuso.
Para CCOO la convocatoria de esta Mesa de Negociación y la
devolución de la parte devengada, sería un primer gesto de
la Administración en aras a retomar el diálogo y la
negociación colectiva, que lleve a recuperar los derechos
que les fueron arrebatados a los empleados y empleadas.
En caso de que no se produzca dicha convocatoria, CCOO
iniciará una campaña de recursos jurídicos individuales,
sobre la que se irá informando en todo momento.
A este respecto hay que resaltar que en Ceuta afectaría a un
total de 8.227 empleados públicos, repartidos entre la
Administración General del Estado, Policia, Fuerzas Armadas,
Admo. Justicia y Entes Públicos.
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