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Los episodios de mala praxis en el
Gobierno de la ciudad llevan a situaciones kafkianas como la
del solar del antiguo Pasaje Fernández: se descubren unos
restos arqueológicos, se paralizan las obras, se expropia y
hay dos expedientes administrativos sin cerrar y sin
resolución, originando un gran perjuicio a una empresa
privada que ahora reclama a la Ciudad Autónoma 11,2 millones
de euros como indemnización por la paralización de la obra y
por la expropiación forzosa, tras cuatro años de demora en
los que se producen alteraciones en la condiciones de venta
como incremento en el precio de las unidades de obra, la
pérdida de clientes potenciales, la rescisión de contratos
ya formalizados y la pérdida sobrevenida por esta situación
del crédito aprobado. Un cúmulo de situaciones adversas que
provoca la parálisis de un proyecto y un perjuicio notable a
una empresa privada a la que se le provoca un
estrangulamiento financiero notable. Además de perjudicar a
muchos ciudadanos que invirtieron su dinero en la compra de
unas viviendas que no han recibido tras seis años de espera
y a la propia Administración que se enfrenta a una
reclamación millonaria con unos elevados intereses.
Cuando el Gobierno de la Ciudad y su presidente hablan del
interés general, obviamente no deben estar pensando en
quienes ponen en juego su dinero para crear riqueza. Tampoco
en quienes generan actividad económica y se encuentran con
estas anómalas actuaciones administrativas. Por ello, que en
las actuales circunstancias económicas, desde el Ejecutivo
de la Ciudad se actúe con tanta parsimonia o indiferencia,
induce a pensar en negativo por múltiples circunstancias y
descalifica a sus protagonistas.
La coalición Caballas lleva a Pleno esta situación que
parece morir el sueño de los justos. La amenaza de la
reclamación de la empresa privada parece que ha activado las
alarmas. No sería ni la primera, ni la última vez, que el
dinero público tapa torpezas políticas.
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OPINIÓN / EDITORIAL
