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El Gobierno de la Ciudad viene
adoptando decisiones, cuya arbitrariedad e ilegalidad
cuestionan una y otra vez los Tribunales de Justicia. Los
intentos por bordear la legislación vigente y convertir la
institución en la “Casa del tío Roque”, es decir, en un
desastroso lugar de permanente decisión no ajustada a
derecho, adquieren verdadera carta de naturaleza. No tuvo
suficiente el Ejecutivo de Juan Vivas con perder la demanda
ante UGT sobre los nombramientos de subdirectores generales
a una serie de personas que no cumplían los requisitos de
ser funcionarios de carrera, sino que vuelven a tratar de
burlar la legalidad con un subterfugio, a modo de pretexto
para eludir el compromiso de cumplimiento de una sentencia y
recurren a nombramientos de viceconsejeros con las mismas
personas invalidadas por el Juzgado y se exponen,
nuevamente, a otro pronunciamiento judicial, por tratarse de
personas no electas y para las que no existía consignación
presupuestaria.
La espantosa y fracasada “operación” de reconversión de las
sociedades municipales en organismos autónomos, ya resultó
otro fiasco con resultado negativo para las pretensiones del
Ejecutivo local. Bastaron una serie de recursos de
funcionarios para voltear algo que se había “vendido” como
la gran panacea. Y en un alarde de osadía o de estar muy mal
asesorados, los miembros del Gobierno no cesan de incurrir
en despropósitos con tanta reiteración como torpeza.
Y a la vista, otra cita judicial: la vista oral en la
Audiencia Provincial contra Pedro Gordillo, en la que éste
ha requerido la presencia de Juan Vivas y Francisco Márquez,
como testigos para que expliquen algunos pormenores de cómo
se forzó la dimisión del exvicepresidente del Ejecutivo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
