ACTUALIDAD - MIÉRCOLES, 12 DE FEBRERO DE 2014

CEUTA
Virginia Saura
ceuta@elpueblodeceuta.com

El Ministerio de Hacienda y el Tribunal de Cuentas ya están al tanto de la deuda de 11,2 millones de euros que la empresa ceutí Invercap reclama a la Ciudad Autónoma en concepto de daños patrimoniales y expropiación forzosa tras la aparición de restos arqueológicos en el complejo de Pasaje Fernández. La empresa ha remitido a ambas instituciones los mismos escritos que pasó por registro de la administración autonómica hace unos días y de los que informaba EL PUEBLO en su edición del lunes. En estos escritos se detalla por qué se reclama cada cantidad, así como las pérdidas que alega la promotora tras la paralización de las obras en 2009, cuando se hallaron restos arqueológicos.

Desde la empresa explican que al remitir estos informes se ha querido poner al tanto al Tribunal de Cuentas y a la Secretaía de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda de la deuda que reclaman y de por qué “no se ha reflejado presupuestariamente algo que debería haberse consignado”, ya que Invercap y la Ciudad llegaron a un acuerdo en el que la administración se comprometió a abonarle 2 millones de euros por daños patrimoniales, además de proceder a la expropiación forzosa del terreno donde se encontraban los restos arqueológicos. Esto ocurrió en 2010, pero desde entonces ninguno de los presupuestos de la Ciudad han reflejado esta cantidad para resarcir a la promotora. La empresa ha alegado a todos los presupuestos, pero sus reclamaciones se han desestimado por “oportunidad política”, según denuncian.

Ante esto, han hecho una reclamación por la vía administrativa y han informado tanto a Hacienda como al Tribunal de Cuentas para que indaguen por qué no se consignó la cantidad acordada entre la empresa y la Ciudad, así como la cantidad a abonar por la expropiación forzosa que se tiene que hacer del terreno donde están los restos arqueológicos.

Según han manifestado desde la promotora del Complejo Pasaje Fernández hasta final de 2013 se ha intentado negociar la compensación por el daño patrimonial, pero al ver que en 2014 tampoco había consignación presupuestaria, rompieron las negociaciones para reclamar la cantidad por vía administrativa. Y ahora, lo que eran 2 millones se han convertido en 5.825.638,76 euros, ya que se le ha añadido intereses, el lucro cesante, las reclamaciones que a su vez han hecho los compradores al promotor o los gastos de realojo entre otros conceptos. Además, también se solicita que se lleve a cabo la expropiación forzosa valorada en 5.404.873,85 euros.
 

La promotora culpa a la administración del “descrédito” sobrevenido por la paralización de las obras y el retraso

La compañía denuncia que la falta de respuesta de la administración le ha supuesto “un descrédito” ante los clientes y aseguran que lo que les preocupa es que “los compradores recuperen todo su dinero con los intereses y los gastos que les haya supuesto”. “Queremos garantizarle que su dinero lo tienen, lo que pasa es que no está en nuestras manos, sino en las de la Ciudad”, señalan desde la empresa. En su reclamación, la empresa especifica como la paralización de la licencia durante años ha originado la alteración de los condicionantes de venta tales como el incremento del precio de las unidades de obra contratada, la rescisión de contratos formalizados, la disminución de clientes potenciales, o la pérdida sobrevenida del crédito aprobado. “Todo ello, ha provocado la inviabilidad del proyecto inicialmente aprobado”, manifiesta Invercap en su escrito. Por este concepto, la empresa valora el daño causado en el 20% de importe de las ventas formalizadas en 2009, más de 1,5 milllones.