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La muerte de catorce personas al
tratar de cruzar la frontera con Marruecos y las
circunstancias en que se han producido debe llenar a la
ciudadanía de dolor y tristeza porque estos seres humanos
han cometido el grave delito de querer acceder a una vida
digna. Contra esa voluntad de salir de la miseria no existe
ninguna ley justa que prohíba arriesgar la vida a los
emigrantes en busca de lo que en sus países se les niega.
Pero de ahí a poner en tela de juicio la labor desarrollada
a diario por la benemérita en el paso fronterizo y
criminalizar la actuación llevada a cabo por los agentes el
pasado jueves, hay un abismo. Hasta el momento no hay ni una
sola prueba que demuestre que la Guardia Civil se
extralimitara ni de que haya sido la responsable de la
muerte de los inmigrantes como han denuncido las ONG ante la
Fiscalía del Estado. Bien al contrario, las autopsias
practicadas no muestran ningún signo de violencia ni de
lesiones provocadas por los agentes. De ahí que tanto el
delegado del Gobierno, el director general de la Guardia
Civil y la propia AUGC, se afanen por resaltar la
profesionalidad y la labor impecable con la que actuaron los
agentes.
Mientras, las ONG parecen que prefieren arremeter contra los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no contra los
gobiernos europeos que con sus nefastas políticas en materia
de inmigración lo único que logran es que ocurran
desagradables episodios como el del pasado jueves. Lo que si
hay de cierto en todo esta batalla dialéctica en cuanto a la
acción de los agentes de la Guardia Civil es que
precisamente a los integrantes de la benemérita nadie les ha
prestado atención cuando vienen reivindicando más apoyo y
más efectivo para realizar su trabajo, pero si se les
despelleja por intentar realizar las labores de contención
encomendadas con los recursos de los que disponen y de la
mejor manera posible.
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OPINIÓN / EDITORIAL
