|
No todos los expedientes de demolición que ha abierto
Delegación del Gobierno en Benzú tienen por que acabar en
derribo y así lo manifestaba ayer el asesor del área de
Fomento, Bharat Bhagwandas. Desde la administración han
iniciado 15 expedientes que afectan a 25 familias, que al
parecer estarían viviendo en construcciones situadas en el
dominio público marítimo terrestre según la Ley de Costas de
1988. Pero, desde que llegaron las cartas de aviso a Benzú,
los vecinos de la barriada se pusieron en pie de guerra y se
han movilizado para evitar los derribos. Para ello han
acudido hasta Delegación del Gobierno presentando documentos
para demostrar que sus familias tienen las propiedades desde
hace décadas y han hecho las correspondientes alegaciones,
que ahora la institución estudia a fondo.
Bhagwandas explicaba ayer a EL PUEBLO que a la vista de las
alegaciones se han encargado los informes técnicos
reglamentarios para responder a los vecinos. Además,
puntualizaba que no todos los expedientes se resolverán ni
en el mismo tiempo ni de la misma forma. Y es que, el asesor
del área de Fomento insistía en que es necesario ver “caso
por caso”. Ahora, se estudia si algunas de las propiedades
afectadas se encuentran en servidumbre de protección como
así alegan los vecinos y si las que están en dominio público
cuentan con las autorizaciones públicas que permitan que los
afectados no tengan que abandonar sus casas.
Las situaciones jurídicas que están alegando los vecinos
requieren más información y estos procesos, según apuntaba
Bhagwandas, no son fáciles de resolver. El asesor señalaba
también que el deslinde que se ha aplicado para iniciar
estos expedientes de derribo es el de 1985 porque es el
único que se ha practicado en Ceuta y es el que está
“vigente”. El hecho de que la Ley de Costas sea posterior,
de 1988, no deslegitima este deslinde, según afirmaba ayer
Bhagwandas, después de que la Asociación Europea de
Perjudicados por la Ley de Costas denunciara precisamente
que este deslinde se basa en una ley derogada, la de 1969.
Impacto de los derribos
Por otro lado, el asesor del área de Fomento de Delegación
señalaba que si se resuelve finalmente el derribo de alguno
de los expedientes este correría a cargo del ocupante de la
vivienda si no cuenta con ningún título de propiedad.
Bhagwandas explicaba que “a priori” no se ha realizado
ningún informe del impacto medioambiental que tendría el
derribo, aunque desde la Asociación Europea de Perjudicados
por la Ley de Costas manifestaban que es necesario un
informe para cualquier actuación en zona costera según el
Plan de la Red Natura 2000.
Por otro lado, desde la Plataforma de Afectados de Benzú han
querido desmentir las últimas declaraciones de Susana Román,
en el pleno de la semana pasada, con las que la consejera
aseguraba que estaba en contacto con ellos. La presidenta de
esta plataforma, Rahma Mokhlis, explica que desde la primera
reunión que tuvo la responsable de Fomento con los vecinos
no se ha vuelta a saber de ella. Además, también pone en
evidencia que en un principio este encuentro iba a ser con
el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, aunque finalmente
sólo acudió la consejera.
Desde la plataforma están dolidos porque aseguran que se han
enterado del contenido de las reuniones mantenidas entre la
Ciudad y Delegación a través de los medios de comunicación.
Ante esto, reclaman que haya un contacto directo con los
vecinos, sobre todo con los afectados.
|
barriadas
