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sociedad - JUEVES, 06 DE FEBRERO DE 2014


frontera del tarajal. ep.

inmigracion
 

La CEAR condena las devoluciones ilegales en Ceuta y Melilla

La organización alude a las devoluciones a Marruecos, donde no se garantiza la protección de los derechos humanos de estas personas, según la CEAR
 

CEUTA
El Pueblo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) condenó ayer en un comunicado las devoluciones ilegales de inmigrantes en Ceuta y Melilla y ha exigido el cese inmediato de estas prácticas.

La CEAR afirma que la publicación el pasado martes de una grabación sobre un intento de devolución ilegal de personas inmigrantes por parte de agentes de la Guardia Civil en la valla fronteriza entre Melilla y Marruecos “evidencia una vez más la existencia de estas prácticas ilegales que vulneran los derechos de las personas inmigrantes que acceden al territorio español obstaculizando el acceso de las mismas a la protección internacional”.

Tras la citada publicación, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó ayer que la Guardia Civil y la Policía basaban su actuación en materia de inmigración en un respeto “escrupuloso” a la ley, pero que, si en algún momento se produce un hecho que se aparta de ese principio, sería un supuesto “puntual”.

La CEAR estima que este no es un caso aislado, sino que varios informes de instituciones nacionales e internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, así como diversos medios de comunicación, han denunciado en “reiteradas ocasiones” la existencia de estas prácticas en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Asimismo, la organización alude a las devoluciones a Marruecos, donde no se garantiza la protección de los derechos humanos de estas personas, según la CEAR.

Estas prácticas suponen una clara vulneración de la normativa española de extranjería y asilo (LO 4/2000 y LO 12/2009) y de la europea (Directiva 2008/115/CE) e internacional que obliga a las autoridades españolas a garantizar el respeto al principio de no devolución.

La CEAR ha pedido que se depuren las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos “contrarios” a la legalidad vigente, así como el cese inmediato “y sin demora” de estas prácticas.
 

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