STE-Ceuta, a través de un comunicado de prensa ha advertido
a la comunidad educativa que de aplicarse la LOMCE “no sólo
afectaría gravemente a 1º, 3º y 5º de Primaria y a la
implantación de la FP Básica, sino conllevaría menos plazas
públicas y disminución de profesorado”.
Tal y como ha informado el sindicato, los desarrollos
curriculares son importantes, pero la privatización de la
educación es más grave, de ahí que haga un llamamiento y
asegure que “en manos de la comunidad educativa está impedir
la aplicación de la Ley, a pesar de lo que dicte el Gobierno
del PP”.
STE-Ceuta denuncia que el cambio en el modelo educativo y en
sus contenidos “acarreará la pérdida de plazas públicas y la
disminución de empleos docentes en todos los niveles y
etapas”.
“El PP intenta ocultar todo un articulado contenido en la
LOMCE, que es de implantación inmediata a partir del 1 de
septiembre de 2014 y que por tanto no está sujeto a un
calendario de implantación a plazos. Si se aplicara lo que
el Gobierno del PP ha impuesto unilateralmente en su nueva
Ley educativa, la LOMCE, supondría la privatización en buena
parte de los niveles educativos básicos y obligatorios
(desde 1º de Primaria hasta 4º de la ESO) y la privatización
prácticamente en su totalidad de las enseñanzas consideradas
no obligatorias o de régimen especial”, asegura en su
comunicado el sindicato.
STE-Ceuta considera que el conjunto de la LOMCE debe de ser
derogado. Señala como prioridad, al ser de implantación
inmediata, para lograr vaciar el contenido de la LOMCE para
el curso 2014 lo siguiente: Un compromiso del Gobierno de
Ceuta de proporcionar suelo para la construcción de nuevos
centros educativos públicos; un compromiso de las familias,
estudiantes, del profesorado y, en definitiva, de toda la
ciudadanía; un compromiso de la ciudad autónoma; un
compromiso de las comunidades educativas; esgrimir el
argumento real y razonado, ya justificado por distintos
territorios del Estado español, (Canarias, Andalucía,
Asturias, País Vasco y Cataluña) que no hay tiempo
suficiente para los nuevos desarrollos curriculares ni para
la organización de un nuevo curso escolar de acuerdo a la
LOMCE; y por último la elección de asignaturas para obviar
la materia de religión, que será computable a efectos de
evaluación. Defensa del carácter laico de la educación
pública.
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