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Nuevo episodio en el caso Yolanda
Bel judicializado por la denuncia de la Asociación
Anticorrupción “Conciencia Libre”: la magistrada-juez da
traslado al Ministerio Fiscal de la documentación aportada
por la consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo sobre
los fraccionamientos de pago a la empresa Kibesan. Un
presunto delito que ya ha sido calificado como prevaricación
administrativa, es decir, se ven indicios de presunto delito
y la calificación que se le otorga es consecuencia directa
de una conducta presuntamente delictiva a sabiendas, en los
trámites administrativos seguidos por la consejera de
Presidencia y secretaria general del Partido Popular que no
ha tenido inconveniente en situarse en lugar privilegiado en
la Convención del PP en Valladolid, pese a llevar sobre sus
espaldas esta “mochila” nada edificante para un político en
ejercicio ni para un cargo público.
Partiendo del principio de presunción de inocencia, lo
cierto es que hay unas imputaciones, un proceso judicial
abierto, unas Diligencias Previas emprendidas, un próximo
pronunciamiento de la Fiscalía y, en consecuencia, una
instrucción con el calificativo de prevaricación
administrativa, cuyo devenir aún se desconoce pero que está
siguiendo su curso. En su momento, el Ministerio Fiscal a
quien se dirigió la denuncia, derivo el asunto al juez por
apreciar indicios de presunto delito. Ahora, con fecha 29 de
enero, tras la declaración de la imputada el pasado día 22
ante la juez, la documentación aportada por la Defensa se le
traslada al Fiscal. Por cierto, Yolanda Bel, si no tiene
nada que ocultar dio un mal indicio de inocencia al oponerse
a contestar a la acusación. Cuando se va con la verdad por
delante se responde a todo y a todos.
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OPINIÓN / EDITORIAL
