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La Ciudad Autónoma de Ceuta, además Madrid, Asturias,
Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia, Baleares y
Melilla, suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia
y el resto de comunidades autónomas, a excepción de Castilla
y León y el País Vasco, tienen el sistema en “clara
decadencia”, según el dictamen del XII Observatorio de la
Dependencia.
Este estudio que elabora la Asociación Estatal de Directores
y Gerentes de Servicios Sociales analiza la evolución del
Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en
todo el país partiendo de una docena de indicadores que van
desde la existencia de listas de espera hasta el gasto
público, el equilibrio entre servicios y prestaciones o el
volumen de atendidos sobre el total de la población.
La organización, que ha dado a conocer sus conclusiones este
viernes en Segovia, asigna una puntuación a cada indicador y
después calcula las notas medias que, aplicadas a una escala
de cero a diez y en función de los resultados obtenidos a
nivel nacional, arrojan varios suspensos: la Comunidad
Valenciana obtiene un 0,4, la peor nota de toda España,
seguida de Canarias, con un 0,8. Después están Ceuta y
Melilla (1,3), Baleares (2,9), Aragón y Asturias, que
empatan con un 3,8, y Madrid, que se queda en un 4,3.
El presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, en
rueda de prensa junto con el vicepresidente, Gustavo García,
ha lamentado que los territorios con peores datos, obtienen
también resultados negativos en servicios sociales. Ha
ensalzado por el contrario el desarrollo de la atención en
regiones como País Vasco y Castilla y León y la apuesta de
esta última por mantener el sistema desde los servicios
sociales y de proximidad.
En proceso de ‘demolición’
En líneas generales, el presidente ha apuntado que el
desarrollo del sistema en España en el último año se traduce
en un “proceso de demolición”, pues ni siquiera se mantienen
las tasas de reposición en la mayoría de las comunidades y
se ha incrementado la cifra de dependientes que permanecen
en el limbo -tienen derecho a la prestación pero no la
reciben-.
Estas personas, que ascienden en la actualidad a 190.503,
deben afrontar tiempos de espera “insufribles” de varios
meses, incluso años en lugares donde falta atención a más
del 30 por ciento de los dependientes. Según estima la
Asociación, al ritmo medio de incremento del último año
harían falta más de 80 años en dar cobertura a la lista de
espera, y ello siempre y cuando no hubiera nuevas entradas.
La organización ha señalado de cualquier forma que muchos
mueren antes de ser atendidos. Desde 2011, hasta 60.000
personas en el limbo han fallecido, lo según ha denunciado
se ha presentado como un éxito de gestión por haberse
rebajado la cifra. La agrupación, que ha calificado esta
actitud como “una crueldad extrema”, ha exigido
explicaciones a la Dirección General del Imserso no sólo por
ello sino además por la sospecha de que se puedan estar
“manipulando” datos oficiales sobre fallecidos.
La Asociación ha lamentado por otra parte el “colapso” del
sistema, cuya capacidad de atención ha quedado limitada a
unas 750.000 personas frente a las 780.000 a las que cubría
en su primera fase -a finales de diciembre de 2013 se
contabilizaban 753.842 atendidas-.
A ello se suman las restricciones del nuevo baremo, que
endurece la entrada de dependientes, en especial los de
grado III, lo que aboca a una tendencia negativa de
disminución relativa. Así, la cifra se ha recortado en
62.690 personas tras la aplicación del nuevo modelo, según
ha denunciado la agrupación.
La disminución del cuatro por ciento del gasto público en el
sector en el último año es otra de las preocupaciones de los
representantes de Servicios Sociales, que barajan la
hipótesis de que se está incrementando el copago hasta el
punto de que usuarios y Estado casi han equilibrado su nivel
de aportación.
Para la Asociación, la Administración central “incumple”
además sus compromisos de financiación de la Ley
considerando que su inversión con respecto a las comunidades
es de un 25,7 por ciento en vez del 50 por ciento de gasto
público que debería asumir. En este sentido, ha resaltado el
“importante” retorno que supondría duplicar la aportación
del Gobierno en el nivel mínimo --de 1.400 a 2.800
millones-- si se tiene en cuenta que invertir 300 ó 400
millones permite generar entre 25.000 y 30.000 empleos.
La Asociación ha advertido por otro lado de la “desigualdad”
del sistema, pues comunidades como Canarias, Baleares o la
Comunidad Valenciana, que se sitúan a la cola en número de
beneficiarios, tienen hasta cinco veces menos posibilidades
de que sus dependientes sean atendidos que territorios como
Castilla y León, que registra la mayor cifra.
Esas tres comunidades, junto con Ceuta y Melilla, son las
que menos gasto público destinan a la atención de los más
vulnerables, mientras que Cantabria, La Rioja y País Vasco
superan el gasto medio estatal.
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estudio
