El Grupo Parlamentario Socialista expone que “la Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo,
recoge la garantía de los derechos fundamentales en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las
condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y
establece las correspondientes obligaciones de los poderes
públicos”.
“La Ley, que vino a sustituir -aseguran los socialistas- a
una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un
avance en la protección de las mujeres y fue elaborada,
debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de
los grupos políticos con representación parlamentaria”.
El PSOE lamenta que “el Gobierno ha anunciado una revisión
de esta legislación que representaría un extraordinario
retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar
a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su
derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre
su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad
jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de
salud, así como a la garantía en el acceso a las
correspondientes prestaciones sanitarias”.
En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en
el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley Orgánica
“cuyo contenido ha confirmado, y tristemente superado, las
peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la
libertad y los derechos de las mujeres”. Con el Anteproyecto
aprobado por el Gobierno “se suprime el derecho de las
mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce
semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en
los supuestos de violación y “grave peligro para la vida o
la salud” de la mujer, privando a ésta de su derecho a
decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto,
el supuesto de malformaciones o anomalías fetales
incompatibles con la vida, que había justificado la
interrupción del embarazo desde los años 80 del siglo
pasado”.
Por ello, el PSOE propone al Pleno de la Asamblea “instar al
Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar
la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que
pretende revisar la legislación vigente en España sobre
salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del
embarazo”.
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