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El 15 de marzo de 2012, el Gobierno aprobó el decreto ley
que posibilitó el mecanismo de financiación para que las
administraciones locales zanjasen las deudas con sus
proveedores y Ceuta se acogió a él como entidad local y no
como Ciudad Autónoma, ya que los proveedores de las
segundas, la Comunidades Autónomas, tenían que esperar a que
el asunto se abordase en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, donde se definiría el mecanismo para subsanar
las deudas de las autonomías.
La nueva normativa exigió a las administraciones locales que
antes del 15 de marzo de ese año entregasen un listado de
deudas contraídas con los proveedores hasta el 31 de
diciembre de 2011, para garantizar el respaldo del crédito.
A esa información, los ayuntamientos tuvieron que añadir un
plan de ajuste en el que presentaban su proyecto para hacer
frente a los créditos que se les concedieron a través del
Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Ceuta remitió las facturas al Instituto de Crédito Oficial
(ICO) que abonó la cantidad a la entidad, exigiéndole el
pago finalmente a las entidades locales.
Desde el comienzo de la legislatura tras las elecciones
autonómicas, el pago a proveedores había sido uno de los
quebraderos de cabeza de la Ciudad.
Tras los trabajos oportunos realizados desde la consejería
de Hacienda de la Ciudad, al final el Instituto de Crédito
Local tuvo que abonar a proveedores la cifra de 82.124.720,
74 euros, como se refleja en un documento emitido por el
Tribunal de Cuentas el pasado 23 de diciembre de 2013, que
bajo el título Informe de Fiscalización sobre los gastos
ejecutados por las Entidades Locales sin créditos
presupuestarios, refleja que la Ciudad Autónoma de Ceuta, de
acuerdo con el importe financiado por habitante, fue la que
presentó mayor ratio por habitante, 997 euros, con una
diferencia muy significativa en relación con el resto de
comunidades autónomas y superando ampliamente la ratio
nacional, que se estableció en 217 euros por habitante,
según se explica en el documento hecho público por el
Tribunal de Cuentas y al que ha tenido acceso este
periódico.
Aunque en el documento se detalla que Ceuta no ha sido
fiscalizada por este concepto, sus datos aparecen debido a
que se hace referencia a ella únicamente a la información
agregada.
Entre el resto de las comunidades, los mayores importes
correspondieron también a Madrid, con 351 euros por
habitante; Andalucía, con 334 euros por habitante y a las
Islas Baleares, con 269 euros por habitante.
Ante estos datos, cabe concluir que el plan de pagos a
proveedores le ha costado a cada ceutí, ya que la referencia
de habitantes que se toma es de 82.376, la nada despreciable
cantidad que se cita de 996.95 euros, que redondeando
asciende a 997 euros por habitante, muy lejos de lo que le
cuesta de media al resto de los españoles, que en sus
distintos plan de pagos a proveedores van a tener que abonar
una cifra de 217 euros por habitante de media.
Por otro lado, prosigue el informe, que las entidades
locales reembolsaron las cantidades de dos formas. Una,
mediante el crédito formalizado con las entidades
financieras, el caso de Ceuta, y otra a través las
retenciones de los PIE, la Participación que tienen las
entidades de los Impuestos del Estado.
Hubo también entidades locales que optaron por una fórmula
mixta. Esto es, una parte la formalizaron en operación de
crédito y otra con retenciones de los PIE.
A esto hay que añadir que por la cantidad mencionada, la
Ciudad, tal y como marcaba el Decreto-ley, suscribió una
operación crediticia, al parecer con el Instituto de Crédito
Local, con lo que a ese coste por habitante es lógico pensar
que habría que añadirle los costes financieros y los
intereses de la operación, lo que haría que el montante
resultante por habitante podría ascender a un poco más de
los reflejado.
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financiación
