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La sala Segunda de la Audiencia de Granada suspendió ayer
inicio del juicio en el que se iba a ver el caso de una
banda dedicada al tráfico de drogas de la que formaba parte
un agente de la Guardia Civil, actualmente destinado en
Ceuta, muy conocido en la ciudad, y para el que el
Ministerio Público solicita una condena de cuatro años y
medio de prisión, tres de inhabilitación y el pago de una
multa de 14.800 euros por un presunto delito contra la salud
pública y otro de violación de secretos.
El juicio tenía fijado su inicio para ayer, aunque la falta
de dos letrados de la defensa provocó el tribunal decidiera
aplazar para el 21 de abril, según informa desde Granada el
periodista Manuel Pedreira, del rotativo Ideal de Granada.
Uno de los abogados no se presentó y según la información
recogida en la sala, los miembros de la misma no tenían
conocimiento de los motivos, mientras que el otro abogado
solicitó más tiempo para poder estudiar la causa, ya que al
parecer fue nombrado de oficio y la comunicación la recibió
hace muy pocas fechas, por lo que el tribunal decidió a la
petición y es por lo que se concedió el aplazamiento hasta
el próximo mes de abril.
Como ya publicó este diario el pasado once de enero, la
Fiscalía de Granada había solicitado para los siete
acusados, entre ellos el agente de la Guardia Civil citado y
un depositario judicial que formaban parte de una banda
dedicada al tráfico de drogas, hasta siete años de cárcel
por tratar de transportar de Marruecos a Motril (Granada)
2.100 kilos de hachís, según publicó en su día el rotativo
granadino Ideal.
Delito de cohecho
Según el escrito del Ministerio Público, la investigación
partió de un delito de cohecho sobreseído en el 2006 y cuyas
diligencias sirvieron para intervenir los teléfonos de tres
de los acusados, José Manuel V.R. conocido como ‘el Gordo’ y
con antecedentes, Antonio José R.T., alias ‘el Niño’ y
también con sentencias condenatorias previas, y el agente de
la Guardia Civil Miguel G.P., destinado actualmente en
Ceuta.
La investigación descubrió los preparativos para introducir
en Motril un alijo de droga desde Marruecos en el que
intervenían con diferentes funciones los siete acusados.
‘El Niño’ y Emilio R.J. se encargaron de las labores
directivas, ordenando al resto de participantes en la trama
y comprando y pagando el barco para el transporte, la
gasolina, el GPS para el viaje y los trajes térmicos de los
tripulantes, entre otras tareas.
Emilio no está acusado en esta causa al estar cumpliendo
condena en Marruecos tras ser detenido con un remolque con
un doble fondo preparado para transportar droga cargado con
111 kilos de hachís.
‘El Gordo’ se encargó de la logística, para lo que contactó
con funcionarios policiales para encontrar cobertura en el
transporte y al enterarse de la investigación, huyó a
Rumanía.
La Fiscalía ha acusado además a Antonio L.A., mecánico de la
embarcación que debía transportar la droga, y a Juan José
F.F., un depositario judicial de los juzgados de Motril que
prestó la embarcación procedente de otro delito a cambio de
80.000 euros.
Movimientos del radar
El agente de la Guardia Civil acusado se encargó de alertar
a la banda de las investigaciones y alertar de los
movimientos del radar y las pantallas e incluso hizo
vigilancia por tierra en la zona en la que tenían que
descargar el hachís.
El también acusado Manuel G.S., condenado con anterioridad,
preparó el doble fondo mientras Karim S.V. viajó a Marruecos
para cerrar el acuerdo de la compraventa del hachís.
Tras estos preparativos, el 16 de febrero del 2007 la
embarcación cargada con 2.100 kilos de hachís en 70 fardos
puso rumbo a Motril, aunque la presencia de un helicóptero
hizo a su tres tripulantes, que no fueron identificados,
volver a Marruecos, donde abandonaron la carga.
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito contra
la salud pública para los siete acusados, un delito de
violación de secretos atribuido al agente de la Guardia
Civil y un delito de malversación para el depositario
judicial.
El Ministerio Público ha solicitado cuatro años y medio de
cárcel para todos los acusados por tráfico de drogas y el
pago de una multa de 10.000 euros, a lo que suma para el
agente otra multa de 4.800 euros y su inhabilitación durante
tres años. Para el depositario judicial ha pedido además una
pena de otros tres años de cárcel y una multa de 2.400 euros
y la suspensión de empleo público durante tres años.
Por último, destacar que ayer, el tribunal se constituyó y
que debido a las faltas de letrados reseñadas se produjo a
la suspensión, por lo que todos los acusados tendrán que
volver a sentarse en el banquillo a partir del 21 de abril,
aunque este juicio tiene prevista la celebración de cuatro
sesiones, por lo que las sesiones se prolongarán hasta el
próximo día veinticinco del citado mes en la sala Segunda.
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