El presidente de la Administración Local de CSI-F en Ceuta,
Antonio Noguera, ha presentado por Registro tres escritos
dirigidos al presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, la
actual consejera de Economía, Hacienda y Recursos Humanos,
Susana Román, y al director general de Recursos Humanos,
Manuel de la Torre, en los que denuncia una presunta
concesión unilateral de cinco categorías superiores por
Decreto a personal adscrito en la Biblioteca Municipal, las
cuales, al parecer, fueron firmadas por el consejero de
Economía, Hacienda y RRHH, Emilio Carreria, quien se
encuentra actualmente de baja médica.
Por ese motivo, desde CSI-F se ha solicitado un informe por
escrito de la confirmación por Decreto de dichas categorías
superiores y en su caso, copia del expediente completo de
todas y cada una de ellas. Del mismo modo también se ha
solicitado desde el sindicato una copia del acta del Consejo
de Gobierno donde se motivó y autorizó dichas superiores
categorías en cumplimiento de los artículos y disposiciones
adicionales nombradas en los fundamentos en las Bases de
Ejecución del presupuesto 2014, y finalmente, de haberse
producido estos decretos, que se retracte de manera
inmediata y depure responsabilidades sancionadoras,
disciplinarias y políticas ya que, al no guardar los
requisitos necesarios de convocatoria de mesa negociadora,
aprobación del Consejo de Gobierno, y demás normativa,
estaría incurriéndose no sólo en una situación nula de pleno
derecho si no, en una ilegalidad manifiesta contraria al
ordenamiento jurídico con posibles responsabilidades
penales.
CSI-F se basa en varios fundamentos jurídicos para denunciar
este presunto proceso ilegal. Así pues, el primer punto que
destaca es la base 24 del vigente Presupuesto General de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, en el que se impone la obligación
de que “todos los actos y acuerdos que supongan incremento
del Capítulo I, sea como consecuencia de aumento de
retribuciones o de contratación de nuevos empleados, en la
administración de la Ciudad y sus organismos autónomos y
sociedades mercantiles, habrán de contar con la autorización
previa del Consejo de Gobierno, previo informe de
intervención”, así como en su Disposición Adicional Segunda
de Control de los Gastos del Capítulo Primero transcribe en
su último párrafo que “como medida extraordinaria y
excepcional, durante el ejercicio presupuestario de 2014 no
se podrá incluir en la nómina, hasta que no sean aprobados
por el Consejo de Gobierno, los siguientes gastos: horas
extraordinarias, jornadas partidas y especiales, atrasos y
superiores categorías”.
Además, Antonio Noguera también destaca que el Acuerdo
Regulador y el Convenio Colectivo de los Funcionarios y
Personal Laboral de la Ciudad de Ceuta en su artículo 44 que
aborda la reorganización y reestructuración en el trabajo
recoge que “los proyectos de reorganización administrativa
que impliquen modificación sustancial de las condiciones de
trabajo de los funcionarios, la Ciudad debe informar
previamente a las centrales sindicales firmantes del
presente acuerdo de los proyectos de cambios organizativos
que impliquen transformaciones del régimen jurídico de un
servicio u organismo o reasignación de efectivos de
personal”.
El presidente de la Administración Local de CSI-F en Ceuta
insistió en que el Estatuto Básico del Empleado Público se
recoge que “son competencias propias de las Mesas Generales
la negociación de las materias relacionadas con condiciones
de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito”, además
ambas partes, tal y como asegura Nogera, están obligadas a
negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse
mutuamente la información que precisen relativa a la
negociación, y en el artículo 37 referente a Materias objeto
de la negociación, existen varios apartados donde es clara
la forma de actuar en estos casos ya que son objeto de
negociación la aplicación del incremento de las
retribuciones del personal al servicio de las
Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades
Autónomas, así como las que afecten a las condiciones de
trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya
regulación exija norma con rango de ley.
Finalmente, Noguera espera que la Ciudad responda a la mayor
brevedad a estos escritos presentados, asegurando que el
sindicatos no dudará en llevar a los tribunales al
Ejecutivo.
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