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La presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de
Ceuta, María Sánchez Miaja, dio a conocer ayer, a través de
un comunicado de prensa, la resolución final del Consejo de
Participación de la Mujer, el cual se reunió el pasado día
22 del presente mes, al borrador del Anteproyecto de Ley
Orgánica de Protección del Concebido y de los Derechos de la
Mujer Embarazada presentado por el Gobierno de la Nación.
En dicho encuentro, todas las organizaciones asistentes
mostraron su rechazo al anteproyecto de ley y manifestaron
que actualmente se cuenta con una ley en vigor – Ley
orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, la
cual, tal y como se ha destacado “es una ley garantista de
los intereses en conflicto en el ámbito de la interrupción
voluntaria del embarazo, ya que garantiza, por una parte,
los derechos de las mujeres y de las y los profesionales que
intervienen en la interrupción voluntaria del embarazo sin
olvidar la ponderación que se requiere – desde la óptica
jurídica/constitucional – con respecto al nasciturus como
bien jurídico protegido en tanto en cuanto proyecto de vida
en formación”.
Igualmente, resaltan que la actual ley orgánica de 2010, aún
siendo mejorable, reconoce a las mujeres la efectividad de
sus derechos sexuales y reproductivos, es decir, el derecho
a decidir sobre sí mismas, su sexualidad y su maternidad, lo
que significa, efectivamente, el reconocimiento de las
mujeres como sujetos jurídico/políticos y, por tanto,
sujetos autónomos con capacidad de decisión.
Para Mujeres Progresistas de Ceuta, el anteproyecto de ley
orgánica no tiene en cuenta la decisión de las menores entre
16 y 18 años al exigirles acreditar el consentimiento
expreso de ella y el asentimiento de los titulares de la
patria potestad, tutor o curador. Y tampoco si la mujer es
menor de 16 años o mayor sujeta a tutela cuando además de su
manifestación de voluntad se precisa el consentimiento
expreso de sus padres o de su tutor.
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