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La imputación de la consejera de
Presidencia, Gobernación y Empleo del Gobierno de la Ciudad,
así como secretaria general del Partido Popular en Ceuta,
que fue citada en un principio por un delito “sin
calificar”, ya supo ayer, por la propia jueza que instruye
el ‘caso Kibesan’ que su imputación es por un presunto
delito de prevaricación. En unos momentos en los que el
ciudadano está desencantado por la secuencia de casos de
corrupción, a todos los niveles políticos y hasta con
miembros de la propia Casa Real inmersos en esta dinámica,
lo cierto es que se anhela una depuración de
responsabilidades ante tanto desencanto social por la
pérfida sensación de que el sistema fracasa.
La Justicia es el último baluarte que le queda al ciudadano
para confiar en una institución que es respetada. De ahí que
los casos que se suceden con demasiada proliferación,
consecuencia de los excesos en la gestión pública o en el
comportamiento humano, requieran de severos correctivos que
pongan en situación a quienes usan y abusan de su poder. La
sociedad requiere de un mecanismo judicial que, hasta donde
pueda llegar, vele por salvaguardar el sistema. No puede
continuar ese vertiginoso camino de excesos en una dinámica
perversa de actuaciones que provocan alarma social, mientras
muchas personas pasan hambre cada día.
En un contexto de disparatado comportamiento, los hay que se
creen intocables. Y en una sistema en el que parece que la
alargada mano de la Justicia no será capaz de desvelar la
verdad de los hechos, bueno es que el ciudadano aún confíe
en uno de los poderes del Estado de derecho. Si éste nos
fallara, poco tendríamos que hacer ante conductas
deleznables. Es momento de investigar y llegar al fondo de
los hechos, clarificar las conductas y que resplandezca la
verdad.
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OPINIÓN / EDITORIAL
