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Según denuncia CCOO, el Ministerio de Justicia pretende
“aprobar su posición definitiva sobre los registros civiles
antes de finales del mes de enero”, por lo que el sindicato
va a mantener la presión ante el ministro de Justicia: “solo
hay una solución para la mejora de este servicio público,
que los registros civiles sigan siendo atendidos, en
exclusiva, por el personal de la Administración de Justicia
y que los encargados sean secretarios judiciales o gestores
con licenciatura en derecho”.
CCOO a subrayado que “no se puede olvidar que el ministerio
ha buscado por todos los medios entregar los registros
civiles a la privatización (su apuesta por los registradores
es simple y llanamente eso), aunque ahora la situación no es
exactamente la misma que hace más de un año porque la
presión y el rechazo de la ciudadanía, de las organizaciones
sindicales y del propio personal de la Administración de
Justicia a su privatización ha sido muy importante; también
han expresado su rechazo una parte de los registradores”.
Por eso, CCOO reitera la importancia de “mantener hasta el
último día la presión para lograr el objetivo de que los
registros civiles sigan siendo destino exclusivo del
personal de la Administración de Justicia”.
Respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el
Gobierno “pretende aprobar el anteproyecto de reforma de
dicha ley en el plazo de un mes”.
“Hasta el momento, -expone CCOO- la Secretaría de Estado de
Justicia no ha dado traslado del texto de este anteproyecto,
y pretenden aprobarlo sin que se pronuncie la repreentación
de los trabajadores y trabajadoras”.
CCOO ha dirigido al ministro de Justicia, y a los máximos
responsables de su ministerio, la exigencia de que se
convoque con la máxima urgencia la mesa sectorial de
negociación, que se informe y se ponga a disposición de la
representación sindical el texto de la LOPJ y que se
negocien cada uno de los puntos de dicha ley. Asimismo, se
le exige que no se impongan más cambios y retrocesos en las
condiciones de trabajo del personal mientras no se alcance
un consenso con los trabajadores y trabajadoras, que son los
afectados.
Para CCO “no es tolerable en absoluto”, y por lo que “va a
hacer todo lo necesario para impedirlo, que el Gobierno
pretenda aprobar sin negociación un texto que modifica las
condiciones de trabajo de forma unilateral”.
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ministerio de justicia
