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El Tribunal de Cuentas centrará parte de su trabajo este
ejercicio en las consecuencias que han tenido las decisiones
adoptadas por el Gobierno en materia de racionalización del
sector público, incluyendo por ejemplo el estudio de todos
los acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros en el
ámbito de la reestructuración de las fundaciones desde junio
de 2011, así como de la reordenación del sector público
empresarial estatal no financiero en lo que va de
legislatura.
El organismo también quiere conocer con mayor detalle las
actuaciones que han llevado a cabo las comunidades autónomas
y las ciudades de Ceuta y Melilla en relación con los planes
económico-financieros, de reequilibrio y de ajuste que se
les han exigido para cumplir la Ley de Estabilidad
Financiera, así como saber cómo se ha gestionado el Plan de
Pago a Proveedores.
En el ámbito local, se estudiará la “efectividad” de las
medidas de los ayuntamientos para conseguir cumplir sus
obligaciones comerciales, los gastos ejecutados sin crédito
presupuestario y la gestión recaudatoria.
Por lo demás, el Tribunal fiscalizará diferentes ejercicios
de todo un elenco de universidades y otras instituciones,
como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Casa
Árabe, Centro Sefarad-Israel, la Biblioteca Nacional, el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
(ICAA), el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario
de la Constitución de Cádiz, Patrimonio Nacional, los museos
de El Prado, Thyssen y Reina Sofía, el Instituto Cervantes o
el Teatro Real, entre otros.
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fiscalizacion
