OPINIÓN - LUNES, 20 DE ENERO DE 2014

¿Debe dimitir Yolanda Bel?

El Partido Popular aprobó, hace dos años, la Ponencia de Estatutos que obligaba a dimitir a sus cargos públicos imputados si dañaban la imagen del partido en un ejercicio higiénico de depurar resposabilidades. Una premisa que aquí, en Ceuta, parecen no cumplirse, a la vista de la imputación de Yolanda Bel por el caso Kibesan.

¿Deben los políticos dimitir cuando son imputados? No hay un consenso generalizado en esta cuestión. Los distintos sociólogos, expertos juristas y altos cargos que abordan este asunto mantienen opiniones contrapuestas sobre qué es lo más conveniente para un político que se enfrenta a un proceso judicial. Ser imputado es un estatus procesal: una persona sobre la que alguien dice que cometió un delito y el juez piensa que hay unos indicios que así lo acreditan. Para algunos expertos, la dimisión es un tema estrictamente personal del imputado.

Algunos juristas se muestran más tajantes. Consideran que cualquier cargo público debería dimitir cuando existe una resolución judicial que le afecte en un procedimiento. Un juez no imputa gratuitamente, y si lo ha hecho, será porque ha visto indicios de delito. La presunción de inocencia pesa por encima de todo, pero un político debe abandonar su cargo, al menos de manera temporal, para afrontar su situación judicial. Si embargo, en opinión de algunos sociólogo en un Estado de Derecho es necesario dejar actuar a la Justicia, por lo que el hecho de estar imputado no debería suponer la dimisión automática.

Pero, ¿qué dicen los ciudadanos sobre este asunto? Al fin y al cabo son los electores, y por tanto, quiénes eligen a sus representantes políticos en las elecciones cada cuatro años. La mayoría de ciudadanos consultados en múltiples encuentas no quieren que los partidos pongan paños calientes a los políticos imputados por casos de corrupción y consideran conveniente que todos los que se ven involucrados en esas situaciones abandonen sus responsabilidades.