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La Consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda
Bel tendrá que declarar como imputada este miércoles en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta, por la
denuncia presentada el 3 de octubre del pasado año por la
Asociación Anticorrupción “Conciencia Libre” por un presunto
delito de prevaricación y de tráfico de influencias por el
denominado “caso Kibesan”, debido a la adjudicación, verbal,
fraccionada y continuada de compra de suministros por parte
de la mencionada empresa.
Recuérdese que fue el PSOE quien “destapó” de este asunto y
con posterioridad, “Conciencia Libre” llevó ante la Fiscalía
el tema, personándose como acusación particular en el caso,
una vez que el asunto pasó al Juzgado.
“Conciencia Libre” lleva a la Fiscalía el caso con dos
imputaciones para Yolanda Bel: presunta prevaricación y
tráfico de influencias. Y en la exposición de motivos se
argumenta que “la designación a dedo es una forma directa de
beneficio y se dirige la contratación a quien sea
benefactor, pura y simplemente producto de su voluntad,
convertida razonablemente en aparente fuente de normalidad”.
La denuncia plantea que “podríamos estar ante un delito
continuado de prevaricación del articulo 404 del Código
Penal en la conducta de Yolanda Bel quien, como autoridad ha
contratado de manera sistemática, verbal y fraccionada a la
empresa Kibesan 2.000 S.L. obviando la Ley de Contratos de
la Administración Pública, sin sacar a concurso, vulnerando
la publicidad y la libre concurrencia”. El tráfico de
influencias, del que también se le imputa, presuntamente por
parte de “Conciencia Libre”, es una fórmula fraudulenta de
ejercer la acción de Gobierno.
Con este panorama, son muchas las voces críticas en el
Partido Popular que exigen la dimisión o el cese de Yolanda
Bel, amparados en la Ponencia de Estatutos aprobada en el
Congreso de febrero de 2012 en Sevilla cuando se dijo que
“el PP obligará a dimitir a sus cargos públicos imputados si
dañan la imagen del partido”. La Ponencia incluía esta
medida junto con otras con objeto de reforzar y agilizar la
respuesta ante “comportamientos indeseables”. De ahí la
denominada “carta de compromisos” para cargos públicos,
responsables políticos y profesionales con funciones
ejecutivas, como es el caso de la consejera de Presidencia,
Gobernación y Empleo, además de secretaria general del
Partido Popular en Ceuta, es decir, la número 2 del partido,
que ha de dar ejemplo en sus comportamientos como dirigente
política.
Además, el PP obliga a sus cargos públicos a “comunicar a la
dirección la apertura de cualquier procedimiento judicial
del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de
un delito y de poner a disposición del partido el cargo
público u orgánico que desempeñe cuando se considere que
daña la propia imagen de la organización o institución
pública”. En este caso, Yolanda Bel se ve afectada por
partida doble: como cargo público (consejera del Gobierno de
Juan Vivas) y cargo orgánico dentro del Partido Popular:
secretaría general.
En los últimos día, las voces críticas que dentro del
Partido Popular ha suscitado la imputación de Bel puede ser
un escollo con el que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas
quizá no contaba. La contestación interna es una realidad
creciente que consideran que Yolanda Bel está perjudicando
la imagen del PP con su imputación judicial.
Sin embargo, las palabras de Vivas -que ha insistido en
poner la mano en el fuego por Bel- sugieren que el
presidente no es nada sensible ni a los Estatutos del propio
partido ni a los argumentos discrepantes, y que no piensa en
abrir la puerta de salida a su número 2.
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Un juez no imputa gratuitamente
Algunos juristas se muestran más
tajantes. Consideran que cualquier cargo público debería
dimitir cuando existe una resolución judicial que le afecte
en un procedimiento. Un juez no imputa gratuitamente, y si
lo ha hecho, será porque ha visto indicios de delito. La
presunción de inocencia pesa por encima de todo, pero un
político debe abandonar su cargo, al menos de manera
temporal. para afrontar su situación judicial.
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No debería suponer la dimisión automática
Por otro lado, en opinión del
sociólogo Narciso Michavila, en un Estado de Derecho es
necesario dejar actuar a la Justicia, por lo que el hecho de
estar imputado no debería suponer la dimisión automática. Es
partidario de exigir mayor ejemplaridad y transparencia a
los cargos públicos, pero que esto no se convierta en una
invasión sin límites.
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Caso Kibesan
