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La situación que se ha planteado
con la “marcha atrás” en el proceso de reordenación del
sector público empresarial y las consignas que el Gobierno
de la nación imparte, no se hacen compatibles. Si el
Ejecutivo de Mariano Rajoy diseña una gira por las
autonomías como seguimiento a la obligación de reducir
organismos autónomos, la actuación del Gobierno de la Ciudad
parece ir en sentido contrario. Si Rajoy apremia en la
reducción de costes y en redimensionar o suprimir organismos
en la Administración local, no se entiende la conducta de
Juan Vivas, aunque haga acopio de presumir de equilibrio
financiero en las sociedades para acomodarse a la Ley de
racionalización y sostenibilidad impuestas.
La “marcha atrás”, revestida por el jefe del Ejecutivo local
como equiparable a esa luz que iluminó la mente del apóstol
Santiago cuando cayó del caballo, y que a él le ha supuesto
la clarividencia de que es lo mejor, ha sembrado un mar de
dudas, porque no se entiende que esgrima los mismos
argumentos que utilizó para efectuar un cambio que se veía
como la panacea para asegurar ese empleo estructural que
tanto le preocupa. Sin embargo, los recursos interpuestos,
hablan de operaciones de “ingeniería contable”, el mismo
término y artilugio que se le imputó a Mario Conde cuando
estaba al frente de Banesto y que le llevó a la cárcel. Una
“etiqueta” que siembra no pocas dudas sobre las actuaciones
y que habrá de dirimir el propio Gobierno.
La eliminación de duplicidades y estructuras superfluas o
prescindibles, aún precisa del diseño de un nuevo plan que
deberá desplegar Juan Vivas. Las palabras, para que sean
eficaces han de ir acompañadas de hechos. Al menos es lo que
quiere Rajoy.
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OPINIÓN / EDITORIAL
