Las organizaciones españolas de pacientes crónicos más
importantes han querido mostrar públicamente su rechazo
fronta a la medida adoptada por el Gobierno del copago en
fármacos de dispensación hospitalaria, la cual se aplicó
inicialmente en Ceuta y Melilla y posteriormente se ha ido
implantando en otras localidades del país.
Estas organizaciones consideran que extender el copago
farmacéutico a los fármacos de uso hospitalario “es un error
y no entendemos que objetivo persigue”.
Tal y como se destaca en el comunicado emitido a los medios
de comunicación, estas organizaciones, entre las que se
encuentran entre otras AECC, Alcer, Asem o Fecma, consideran
que los pacientes españoles están actualmente cargando con
demasiados copagos y recortes en gastos como: farmacia
comunitaria, transport adaptado y ambulancias, ayudas
técnicas, adaptaciones en barreras arquitectónicas
domiciliarias y atención sociosanitaria especializada. A
ello, también cabe añadir como gasto el efecto de la
reducción de pagas a cuidadores familiares, y la limitación
de ayudas en apoyo domiciliario, siendo de gran necesidad en
caso de situaciones de dependencia.
Las organizaciones consideran que esta decisión del
Ministerio de Sanidad es un gesto poco afortunado que
conduce a una mayor presión hacia los pacientes, creando una
alarma de incertidumbre respecto a su futuro ya que tal
medida agrava aún más su difícil situación, debida a las
dificultades asociadas a la crisis económica actual, que ha
reducido el acceso al empleo para personas con discapacidad
y los ingresos por pensiones, agotando por ello los recursos
económicos aportados por los familiares que ya no pueden
hacer frente a esta situación.
Por ello las organizaciones piden que se derogue la
disposición final primera del Real Decreto-Ley 28/2012, de
30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del
sistema de la Seguridad Socia y, en consecuencia, deje sin
efecto la resolución de 10 de septiembre de 2013, de la
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema
Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a
modificar las condiciones de financiación de medicamentos
incluídos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional
de Salud mediante la asignación de la aportación del
usuario. Igualmente también solicitan que se establezca un
tope máximo de aportación en la prestación farmacéutica
ambulatoria, similar al establecido para los pensionistas a
aquellas personas que padezcan patologías de carácter grave
o crónico.
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