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La justicia es uno de los pilares
fundamentales en nuestra morada común de libertades que
constituye la democracia española. Múltiples vicisitudes
acontecen frecuentemente y que aparecen en los medios de
comunicación nacionales y locales, donde la relación con el
mundo judicial no deja de estar presente en alguno o en
varios de sus titulares más significativos.
Los juzgados, las actuaciones judiciales y los profesionales
integrantes en este campo de uno de los tres poderes que
sostienen el desarrollo de la democracia de este país, salen
a la opinión pública, porque se han producido hechos que
necesitan de su intervención. Es necesario que se diluciden
y resuelvan los casos que llegan a los juzgados y para eso
tiene que movilizarse toda la “maquinaria” que gira
alrededor del campo legislativo y judicial.
En el pasado mes de abril publiqué un artículo relacionado
con nuestra democracia y su consolidación. No pretendo
repetirlo, pero si voy a seguir incidiendo en este pilar
básico y decisivo donde nuestra democracia responde,
atiende, ampara y ofrece la seguridad a los ciudadanos, que
las libertades van a seguir defendiéndose, porque la
justicia va a estar ahí, presente, activa e independiente en
su ingente labor, ante el cada vez mayor número de casos que
la sociedad presenta demandando soluciones y depuración de
responsabilidades.
Nuestra democracia tiene todas las garantías de un país
moderno y occidental. Afortunadamente, a pesar de las
dificultades que diariamente pasan muchos ciudadanos, que no
son escasas ni fáciles, seguimos contando con todos los
recursos para que esta situación, gracias a nuestro
ordenamiento jurídico y a los diversos poderes del Estado,
nuestro país consiga encontrar las soluciones a sus
problemas. El Poder Ejecutivo y Legislativo donde tienen
mucho que decir nuestras organizaciones políticas no está
enfermo irremisiblemente. Hay alternativas y los ciudadanos
sin tardar demasiado tiempo tendrán la última palabra, para
que si lo estiman se produzcan los cambios oportunos, pero
insisto hay salidas, hay soluciones.
No me quiero alejar del poder democrático sobre el que he
comenzado este artículo, el Poder Judicial. Es comprensible
y no me puedo sustraer a las opiniones de muchos ciudadanos
que dudan o llegan a perder la confianza en su actuación.
Pero me he referido a la fortaleza y la preeminencia del
mismo. Pienso que está basada en gran medida en la
tenacidad, el esfuerzo, la honestidad y el compromiso de una
inmensa mayoría de nuestros jueces y fiscales. Habitualmente
no he estado implicado en este ámbito, ni mis conocimientos
jurídicos pasan más allá de una opinión que puede tener
cualquier ciudadano en este campo, pero según mi modo de
entender, creo que junto a los anteriores protagonistas,
acompañados de los letrados, procuradores, secretarios
judiciales… y todo los funcionarios que diariamente se
implican en la multitud de gestiones, consiguen que al final
nuestra justicia sea egregia, insigne, ilustre.
Estoy convencido y no les faltará razón a los que opinen que
puedo estar algo fuera de la realidad, o que soy un
idealista ingenuo. Pero como a cualquier persona que analiza
la situación de su casa, también estoy convencido que no se
resignará a pensar que todo es negativo y que no le ofrece
la posibilidad de vivir en las mejores condiciones que su
situación le permite. Vuelvo a reincidir en la casa de
nuestra democracia. No podemos caer en el pesimismo y
desconfiar de nuestra justicia. Por supuesto que todo es
mejorable. Tampoco estoy de acuerdo en que todo se esté
haciendo suficientemente bien, pero nuestra justicia no es
algo etéreo, la integran personas de carne y hueso, que
posiblemente no trabajen en las mejores condiciones de
recursos y con remuneraciones muchos más limitadas, que las
de bastantes de los imputados que atienden. Sin embargo, la
justicia sigue su camino. Pero también estoy de acuerdo con
muchos ciudadanos con el hecho de que uno de los grandes
problemas es la lentitud y las innumerables dificultades que
se deben vencer para llegar a resoluciones definitivas. Como
he mencionado anteriormente también, la insuficiencia de
recursos. Creo que igualmente no se debe dejar de mencionar
los inmensos medios que unos ciudadanos tienen frente a
otros con menos posibilidades, para procurarse gabinetes
enteros de abogados, gracias a sus recursos económicos. En
definitiva aspectos que considero deben corregirse y ahí
tienen mucho que hacer y decir otros poderes del Estado.
Puesto que estamos tratando el tema de la justicia, no
quiero dejar pasar de expresar mi opinión respecto a un tema
que últimamente está saliendo con frecuencia. Me refiero a
los indultos. Hay circunstancias comprensibles donde se han
producido casos en los que al concederlos se ha hecho
justicia. Pero también son conocidas recientemente algunas
peticiones que, según mi opinión, tratan de ganar tiempo
para que las resoluciones judiciales no se ejecuten,
aprovechándose de esta posibilidad judicial, que no se
aplica a multitud de ciudadanos, cuyas situaciones
personales son diferentes debido a su origen social o
económico.
Finalmente añadir que continuarán produciéndose resoluciones
judiciales, unas nos gustarán más que otras, pero todos
somos iguales ante la ley, tenemos que acatarla,
independientemente de nuestra función, estatus y origen, de
la filiación política y de las instituciones que estén
implicadas. Lo estamos viendo en casos como el de la Infanta
Cristina, las actuaciones que afectan a miembros de la
cúpula del partido en el Gobierno relacionados con el asunto
Bárcenas, los ingentes problemas judiciales del PP en la
Comunidad Valenciana, los Eres en Andalucía, la resolución
sobre el bloqueo con el tema sanitario de hospitales en
Madrid, las previsibles medidas judiciales que puedan
adoptarse ante el tema de la situación política en Cataluña,
con las decisiones adoptadas por el Sr. Mas. Sí quiero
resaltar que la sociedad no debería llegar a la conclusión
de que todos los partidos son iguales, porque no es verdad,
según mi modo de entender, no en todos los casos las
reacciones judiciales han sido iguales. Como puede haber
ocurrido con la actuación decidida en Andalucía de sus
responsables políticos, en comparación con las dilaciones
que se han sucedido en Valencia.
En definitiva que la imagen simbólica de la justicia con la
balanza y la imparcialidad, no dejen duda en los ciudadanos
sobre la independencia y la transparencia de su función.
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OPINIÓN / COLABORACION
