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La asamblea de trabajadores de las
empresas públicas convocados a instancias de los sindicatos
trató de llevar a todos ellos la tranquilidad y, a la vez,
fijar el foco de los posibles errores habidos en el proceso
de reordenación del sector público en la Ciudad Autónoma, y
concretamente en la Secretaria General y en el Interventor,
quienes habían de ser los verdaderos garantes de la
legalidad a aplicar en esta cuestión. Y por ello, habrá de
ser la Ciudad Autónoma quien subsane los aspectos jurídicos
que plantean los recursos presentados. Si es que son
suceptibles de subsanación sin tirar abajo todo el proceso,
algo que los sindicatos parecen no querer ni contemplar.
Un aspecto importante, como adelantó este medio la pasada
semana y confirmaron ayer los sindicatos, es el hecho de que
las sociedades no estén liquidadas, lo permitiría en un caso
hipotético “la vuelta atrás” laboral sin problemas. No
obstante, las centrales sindicales basan su optimismo en los
antecedentes de 120 procesos muy similares a éste de Ceuta,
ganados por la Junta de Andalucía. Un asunto polémico en el
que los sindicatos quieren huir del enfrentamientos entre
funcionarios y personal laboral.
La estabilidad en los puestos de trabajo parece ser el nexo
de unión entre sindicatos y Gobierno de la Ciudad, aunque
mientras que el Ejecutivo de Vivas parece dispuesto a
saltarse la legalidad vigente, la intención manifestada por
los sindicatos es la de exigir que el proceso se ajuste a la
Ley, asunto éste decisivo para lograr un final
satisfactorio. Una próxima reunión puede estrechar nuevas
alianzas para buscar soluciones conjuntas esperemos que
basados en la legalidad. En juego hay nada menos que unos
700 trabajadores que esperan un trámite sin sobresaltos, con
sus puestos de trabajo garantizados y manteniendo sus
condiciones reconocidas con anterioridad. Pero, recuerden
señores, siempre dentro de la legalidad.
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OPINIÓN / EDITORIAL
