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El ajuste del personal de las Administraciones autonómicas
muestra síntomas de que se ha tomado un respiro en la
segunda parte del año pasado, hasta el punto de que no sólo
se ha detenido sino que, además, ha invertido su tendencia.
No en vano, hasta ocho autonomías más la Ciudad Autónoma de
Ceuta- mostraron incrementos del total de asalariados
públicos de que disponen al cierre del tercer trimestre de
2013, de acuerdo con los datos detallados más recientes de
la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Podría quizá aducirse por parte de estos Gobiernos
regionales que esos aumentos son repuntes temporales. Sin
embargo, en idéntico periodo de tiempo, otras comunidades
autónomas sí que se esforzaron por mantener la tensión del
ajuste, máxime cuando el adelgazamiento de la plantilla de
las Administraciones es uno de los objetivos de las reformas
impulsadas por el Gobierno central.
Entre ellas, entre las que sí mantienen el pulso del ajuste,
destaca especialmente el caso de la Comunidad de Madrid, que
no ha levantado el pie del acelerador prácticamente desde el
primer trimestre de 2012 y, únicamente entre el segundo y
tercer cuartos de 2013, redujo su plantilla de asalariados
públicos en más de 20.000 personas, hasta situar el total en
411.600 empleados.
Incluso Cataluña, una comunidad autónoma con frecuencia
criticada por su resistencia a la hora de reducir su amplia
estructura administrativa, está dando cierto ejemplo desde
este punto de vista, aunque a un menor ritmo a la hora de
aplicar la tijera que el mostrado por la comunidad autónoma
que lidera Ignacio González. No en vano Cataluña empezó 2013
con 375.000 asalariados en su sector público y, al término
del verano, contaba con 372.000. De hecho, son siete las
Administraciones (Baleares, Cantabria, las dos Castillas,
Murcia y Navarra, más la ciudad autónoma de Ceuta) que,
según las estadísticas, y a falta de datos de cierre de
ejercicio, presentan visos de que podrían terminar el año
con más empleados públicos que a comienzos de 2013.
La evolución resultaría altamente paradójica si se tiene en
cuenta que el pasado fue precisamente el año en el que el
Gobierno central se lanzó con más decisión al proyecto de
racionalizar el tamaño de las Administraciones Públicas.
El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy dejó claro desde el
principio que la parte que correspondía de ese ajuste a las
autonomías quedaba a su elección en cuanto al alcance en
cuestiones decisivas como es la eliminación de duplicidades.
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