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La recuperación terrestre-marítima
del litoral y su incidencia en el derrumbe de viviendas en
la periférica barriada de Benzú, ha originado una serie de
pintadas en señal de protesta como repulsa a una iniciativa
del área de Fomento de Delegación del Gobierno que se hizo
pública a mediados del pasado mes, donde el titular de la
institución de Plaza de los Reyes dijo que se legalizaría lo
que fuera legalizable. Y es obvio que, quienes teman por la
pérdida de su vivienda, sientan la inquietud propia en estos
casos que, en principio provocan alarma y, aún cuando haya
que respetar la legislación vigente, tampoco es menos cierto
que, el paso de los años origina una serie de derechos que
no se pueden difuminar de manera fulminante ni a las bravas.
Si las instituciones hacen públicos sus objetivos en aras a
la legalidad, igualmente deberían exponer para la
tranquilidad de los vecinos, cuáles son las medidas
paliativas que se adoptarían para no dejarlos sin techo o
cambiarles radicalmente la vida de un plumazo, cuando
estamos hablando de hogares que llevan ocupados varias
generaciones. No puede tratarse a las familias como objetos
o muebles, que se quitan de aquí sin más, obviando las
consecuencias que se derivan para su “modus vivendi” o las
circunstancias que les traumatizan.
Si antes de adoptar decisiones no se arbitran fórmulas que
den solución a un problema social, es seguro que habrá
conflicto y serio, porque hablamos de hogares, de familias y
de personas, con padres, hijos, hermanos y abuelos. Si al
problema del desempleo unimos ahora, el de la falta de
vivienda, nuestra ciudad puede convertirse en un polvorín, a
poco que no haya el tacto suficiente como para actuar con
sensatez.
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OPINIÓN / EDITORIAL
