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Las comunidades autónomas deben empezar a aplicar a lo largo
de este mes de enero el copago de fármacos de dispensación
hospitalaria para pacientes que no estén hospitalizados,
aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre. Aunque
entró en vigor el pasado 1 de octubre, se facilitó un plazo
de tres meses para que las administraciones regionales
pudieran adaptarse a esta nueva medida. Sólo Ceuta y Melilla
la aplicaron tras su aprobación y el resto lo harán a lo
largo de enero “con su propio criterio”, según informan
fuentes del Ministerio de Sanidad.
Según las citadas fuentes, el acuerdo alcanzado en el seno
del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud (SNS)
definía que “cada comunidad autónoma tendrá su criterio al
respecto (...), el criterio general fue que entrara en
vigor, pero cada CCAA lo aplicará con su propio criterio”.
La medida que debía haberse puesto en marcha el pasado 1 de
octubre se topó con la negativa de numerosas CCAA a su
implantación. Así Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León
y Baleares afirmaban que no la aplicarían, en muchos casos
por rechazo o en otros por problemas para su implantación.
Por el momento, la han recurrido mediante un contencioso
administrativo Castilla y León y Andalucía, mientras País
Vasco ha presentado un recurso de alzada y Canarias ha
anunciado que lo recurrirá.
Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha,
Cantabria, Murcia y La Rioja, admitían tras el anuncio de la
medida que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse
de una legislación básica estatal; el resto de comunidades
manifestaban su imposibilidad inmediata de implantar dicho
copago por motivos de gestión en su implantación.
Medicamentos de aportación reducida
Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
fuentes de Sanidad señalaban que su puesta en marcha esta
motivada por la necesidad de que todas las CCAA, “que son
las que lo tienen que poner en vigor”, utilicen la
asignación de aportación reducida para estos fármacos, y
tras comprobar que “no todos los fármacos dispensados tenían
esta consideración”. Por tanto, añadían, “antes de que las
CCAA lo pongan en vigor Sanidad lo que hace es asegurarse
que todos los medicamentos serán de aportación reducida”.
En total son 157 presentaciones farmacológicas de poco más
de 43 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves
-oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, la artritis
reumatoide o degeneración macular, entre otros- que, hasta
ahora, estaban exentos de pago.
Estos medicamentos, según Sanidad, “cumplen con las
condiciones para ser considerados de aportación reducida, al
tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de
enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su
dispensación, en el ámbito del SNS, a los pacientes no
hospitalizados en los servicios de farmacia de los
hospitales”.
La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban
exentos del copago, será de un 10% del PVP del medicamento,
con un máximo que se fijará teniendo en cuenta la subida del
IPC en 4,26 euros -hasta ahora era de 4.20-, de acuerdo a la
Resolución de 21 de enero de 2013.
Rechazo a la medida
La medida ha suscitado desde el primer momento el rechazo de
pacientes, médicos y de los distintos grupos de la
oposición. El PSOE ha apoyado la posición manifestada por
algunas comunidades y ha instado al Gobierno a que deje “sin
efecto” dicha medida, al tiempo que pedía la dimisión de la
ministra de Sanidad, Ana Mato. Mientras, el portavoz de
Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del Congreso y
diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha
calificado al Real Decreto de copago farmacéutico de
“infamia y gestión desleal” de la sanidad pública; mientras
que desde UPyD destacaban la escasa recaudación de la
medida.
En cuanto a los pacientes y médicos, la Federación Nacional
de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) denunciaba que
la Administración ignore “sistemáticamente” la alta
prevalencia de afectados por esta enfermedad; la Asociación
Española para el Estudio del Hígado (AEEH), remitía una
carta a Mato expresándole “el impacto que supondría en los
enfermos de patologías hepáticas”; y la Federación Española
de Padres de Niños con Cáncer recordaba que la medida
“perjudica a los niños y adolescentes enfermos de cáncer”.
Por su parte, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH) la calificaba de “plenamente injustificado” el copago
de fármacos de dispensación hospitalaria ya que, a su
juicio, es una medida que plantea “dificultades” en su
aplicación y, además, “no contribuye” a racionalizar el
consumo ni sirve como instrumento de financiación adicional.
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Cientos de euros al año
La Federación Española de
Enfermedades Raras es uno de los colectivos que se ha
posicionado en contra de la implantación del copago en la
farmacia hospitalaria. La medida, subrayan, es el último
ejemplo de una política que se ceba con los más débiles.
“Las familias afectadas se verán obligadas a afrontar una
media de gasto anual de entre 400 y 600 euros”, ha señalado
en un comunicado la asociación, que recuerda que estos
enfermos crónicos necesitan medicación durante toda su vida
y que aunque la normativa establezca un tope de 4,20 euros
por medicamento, al importe acumulado hay que sumarle la
carga de los demás copagos. Desde el 1 de julio de 2012,
señala el organismo, cualquiera que ingrese menos de 18.000
euros anuales paga el 40% del precio total de cualquier
medicamento en la farmacia.
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UPyD:“Los ciudadanos de Ceuta y Melilla son de tercera
clase”
UPyD-CEUTA se ha posicionado ante
“la grave desigualdad que los ciudadanos de Ceuta y Melilla
vuelven a padecer en un sistema nacional de salud
fraccionado, con graves ineficiencias e injusticias”. UPyD
recuerda que “Ceuta que ha sido la última provincia de
España en dotarse de un hospital público, ahora es junto con
Melilla la primera en aplicar el copago farmacéutico
hospitalario mientras que en gran parte del resto de España,
o se oponen, o miran hacia otro lado, o aún peor se dotan de
presupuestos para compensar a los pacientes de dichos
pagos”. Para UPyD independientemente de su oposición a dicha
medida, “lo que es aún peor es que no se aplique de forma
igualitaria en toda España”. Por tanto, para los de Julián
Domínguez medida “debería ser revisada, y cuando menos
paralizada hasta que el resto de Comunidades Autónomas
decidiera su postura ante la medida de copago farmacéutico
hospitalario y estudiada ante el único órgano coordinador
posible, que es el Consejo Interterritorial de Salud.
Los ciudadanos no pueden ser de primera, segunda o hasta
tercera clase como ocurre en este caso con los ciudadanos de
Ceuta y Melilla”.
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