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Tras la puesta en marcha, a primeros de año, del proceso de
reestructuración del sector publico en la Asamblea de Ceuta,
habría que pararse a pensar las consecuencias que para la
Administración ceutí este asunto pudiesen dar a lugar. Para
ello no hay más que leer el recurso planteado por las dos
funcionarias autonómicas y comprobar que los efectos
pudieran llegar a ser bastante importantes.
Una de las primeras preguntas que se podría hacer sería la
relativa a la de que al llevarse a cabo todo el proceso
¿cómo se daría marcha atrás a todo el entuerto si el recurso
presentado llegase a buen puerto? ¿No sería bueno
recapacitar o adoptar otras medidas?
Quizá el problema pudiera radicar en que pese más el
mantenimiento del estatus de algunos miembros cercanos al
Gobierno, que incluso han formado parte del mismo, que
cualquier otra cuestión, según opinan algunas fuentes
conocedoras del caso.
Otro punto sería que quizá tampoco se ha pensado en los
funcionarios que pueden ver del todo cerradas sus puertas a
la carrera profesional o promoción interna, ya que se pueden
encontrar por encima personal ajeno a su estructura hasta
ahora pero que sin procedimiento alguno, como ya se dice en
el recurso, se “integra” en las estructuras publicas.
Incumplimiento
Es lógico pensar que los recortes a éstos tendrán que ser
aún mayores, ya que es posible que no se haya tenido en
cuenta el coste que puede suponer la reestructuración
llevada a cabo por la Administración ceutí, sobre todo
cuando los trabajadores, legítimamente, reclamen sueldos y
ayudas más altas en comparación con lo que ahora perciben en
muchos casos. En este caso se podría incumplir la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera,
que en estos momentos es de obligado cumplimiento. En este
supuesto, ¿cómo se van a parar las reclamaciones? Esto se
puede convertir en una cuestión de difícil control.
Como antes se cita, quizá se pudiese estar poniendo en juego
la permanencia del personal de las empresas, pues una vez
que pasen a otro organismo y esto tuviese que ser revocado,
¿tienen cabida de nuevo en una sociedad extinguida? ¿Se
pueden ir haciendo en un lado y otro contratos ?
Otro asunto a tener muy en consideración es la cantidad de
actos nulos que se pueden producir en la Administración como
consecuencia de la intervención de estos trabajadores en los
procedimientos. Este hecho podría generar un verdadero caos
imposible luego de arreglar. La pregunta es obvia ¿Puede
asumir esto el Gobierno local?
En lo que se refiere al apartado que el personal no vaya a
ser funcionario, cabe recordar que la experiencia demuestra
que tarde o temprano se podría realizar una funcionarización,
salvo que algún funcionario se atreva a impugnarlo.
Con la amalgama de competencias y actuaciones que las
propias funcionarías ya advierten cabría pensar que se
podrían tambalear los cimientos del funcionamiento. Se pone
en riesgo a las propias sociedades desde el mismo momento
que se las cuestiona.
Pero habría que observar algo, Acemsa hizo su plan de ajuste
y nada les ha pasado. ¿Porqué no se puede hacer en las
demás?
Según ha podido conocer este periódico, son muchos los
rumores que apuntan a que se sabe que en la Plaza de los
Reyes no gusta mucho esta fusión, que están proliferando las
voces en contra, que dejan entrever que las consecuencias
pueden ser muy malas para muchas personas.
Como ya se preguntan las recurrentes en su documento, ¿dónde
esta la eficiencia? La eficiencia queda demostrada
salvaguardando la Administración y las sociedades con sus
respectivos planes de ajustes.
El procedimiento llevado a cabo no existe en la legislación
mercantil. En materia societaria, no se puede hablar más
allá de fusiones o absorciones. No existe la transformación
en organismo autónomo. Lo que ya se hizo con el Organismo
Autónomo de Servicios Tributarios (recordar que se llevó a
cabo la funcionarización que ahora se niega se vaya a hacer)
no serviría de justificación legal.
Servicio regional
En el recurso se deja claro a los artífices del mismo e,
incluso, se rebate, además, la denominación utilizada de
servicio regional. Y en este sentido habría que preguntarse
¿qué región es la ciudad de Ceuta? ¿Su término municipal?
Son muchas las cuestiones que habrá que analizar durante
todo este proceso que se ha iniciado la Ciudad, como ya ha
publicado este periódico, está dispuesto a llegar hasta el
Supremo en el supuesto que todo este asunto llegara a los
tribunales.
En estos momentos, los servicios jurídicos del Ejecutivo que
preside Juan Vivas están estudiando el recurso presentado
por las dos funcionarias y la Ciudad tendrá que contestar al
mismo, aunque el presidente ya dijo que había sentencia que
avalaban la forma de proceder.
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reestructuración
