El presidente Vivas negó en la última comparecencia de
prensa del pasado viernes, que tuviera previsto cualquier
remodelación de su Gobierno, despejando los rumores que
situaban a la consejera de Presidencia, Gobernación y
Empleo, Yolanda Bel, en la cuerda floja.
Pese a su defensa a ultranza, Juan Vivas sabe que no es
plato de buen gusto que el próximo día 22 de enero Bel tenga
que comparecer en el Juzgado como imputada por el caso
Kibesan y el fraccionamiento reiterado de facturas a esta
empresa para eludir los controles legalmente establecidos.
Su señoría ha visto indicios de presunto delito en la
consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, además de
secretaria general del Partido Popular, por un asunto que
“destapó” el PSOE y llevó a sede judicial la asociación
anticorrupción “Conciencia Libre”, a quien Juan Vivas atacó
el pasado viernes en su comparecencia de prensa,
cuestionando su “catadura moral” y equiparándola en negativo
con la de Yolanda Bel, olvidándose el propio Vivas –en un
ejercicio de amnesia política difícilmente entendible-, que
algunos de los integrantes de esa asociación anticorrupción
que tan poca gracia le hace ahora, fueron cargos públicos
suyos, a los que nombró poniéndole él rúbrica a sus
designaciones. ¿Han perdido honorabilidad desde que ya no
están con él en el Gobierno?
“Carta de compromisos”
El asunto Yolanda Bel tiene más aristas que pulir. Por
ejemplo, el PP acordó recientemente obligar a dejar el cargo
público a quien tenga un procedimiento judicial que dañe al
partido o a la institución pública a la que pertenezca. Ésta
fue una de las condiciones que se incluyeron en la “carta de
compromisos” que firmaron los cargos públicos, responsables
políticos y profesionales con funciones ejecutivas en el PP,
tal y como constó en la Ponencia de Estatutos que se aprobó
en el congreso de febrero de 2012 en Sevilla.
La ponencia incluía esta medida junto con otras con el
objetivo de reforzar y agilizar la respuesta ante
“comportamientos indeseables” de sus militantes. Para ello,
los redactores -Alberto Fabra, Alicia Sánchez-Camacho e
Ignacio Diego- añadieron un nuevo Capítulo Primero a los
Estatutos relativo a la los cargos de representación
institucional.
En él establecieron la obligación de los cargos públicos,
responsables políticos a suscribir una “carta de
compromisos”, que incluye cinco compromisos claros. El más
destacado de ellos es el de “comunicar” a la dirección del
PP la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del
que puedan derivarse “indicios racionales de comisión de un
delito y de poner a disposición del partido el cargo público
u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de
Derechos y Garantías considere que su permanencia en el
mismo daña a la propia organización o a la institución
pública”.
Y por si alguien se había olvidado, recientemente, este
mismo mes en una macroentrevista en El País al ser
preguntado sobre los casos de corrupción y el mantenimiento
en los cargos de políticos de su partido dijo: “No conozco a
nadie que ocupe un cargo público y esté imputado en este
momento”. Después, a modo de reto, le dijo al periodista:
“Si conoce a alguno que haya sido imputado y no haya
dimitido, me lo dice”.
Ya sabe lo que ha de hacer Juan Vivas: Informar a su jefe de
cuál es la situación de Ceuta, porque Rajoy ahora mismo es
ignorante del caso Kibesan cuando habla de la forma en que
lo hace en El País. Y encima, haciendo el ridículo conocido
el caso de Ceuta. A ver si se lo van a tener que decir en el
Congreso de los Diputados en alguna sesión de control al
Gobierno y va a quedar en evidencia por el ocultismo
existente en nuestra ciudad.
Este periódico tiene constancia que la propia Yolanda bel en
círculos privados ha llegado a comentar que ella no tiene
previsto optar a la reelección figurando en una próxima
candidatura electoral, además de mostrarse muy preocupada
por la situación que está viviendo actualmente. En cualquier
caso, si ella “per se” no ha actuado de mala fe,
posiblemente tenga la responsabilidad quien le haya incitado
a actuar de una forma en la que ella no quería hacerlo pero
ha hecho por disciplina de partido y de Gobierno.
Posibles cambios
Independientemente de la situación de Yolanda Bel, se da por
seguro que Luis Márquez Salinas exgerente del Parque
Marítimo, que pasó posteriormente a gerente del Instituto
Ceutí de Deportes, pase a ocupar un cargo muy cercano al
Presidente: el de Jefe de Gabinete. Un cargo que le
ocasionará la carga de responsabilidad de una dedicación
plena, muy distinta a la actual por lo que habrá de
sacrificar –en muchas ocasiones-, sus fines de semana para
dedicarlos al servicio público junto al presidente del
Ejecutivo.
El sustituído como Jefe de Gabinete, Benjamín Álvarez,
cuñado de Juan Vivas, pasaría a viceconsejero de medio
Ambiente en el área de Gregorio García Castañeda, donde de
manera informal ha estado haciendo alguna que otra incursión
siguiendo instrucciones del presidente por diversas
barriadas de la ciudad.
Un movimiento de “fichas” que parecen unir en los últimos
tiempos a Luis Mázquez y a Benjamín Álvarez, porque otro
tanto sucedió en el ICD, donde se dio idéntica sustitución,
lo que evidencia el buen concepto que se tiene de Luis
Márquez por su perfil de persona con muy buen saber estar,
cercana, cordial y activa.
Otra remodelación que se vaticina es la nueva ubicación de
la gerente de Procesa, Kissy Chandiramani, quien tras pasar
por la presidencia del Consejo de Administración de RTVCE,
el área de Juventud y Servicios Turísticos, por el
“overbooking” de empresas municipales que obligan a
descartes tras las fusiones de gerentes y altos cargos, se
le situaba en principio al frente del nuevo Servicio
Regional de Emergencias, aunque es posible que recale
finalmente en el Servicio Regional de Deportes.
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