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La reorganización del sector
público periférico local acaba de recibir un jarro de agua
fría con el recurso de reposición presentado por una
funcionaria de prestigio y de intachable trayectoria en
cuanto a su forma de contemplar la legalidad. La disolución
de las empresas municipales acordadas en Pleno y en sus
distintas Juntas Generales, encuentran ahora una espita
abierta en cuanto a su proceso donde se cuestiona que los
organismos autónomos se crearon sin las preceptivas memorias
técnica, jurídica y económica que avalasen la necesidad de
crear un ente especializado. Así, los defectos de fondo y
forma sitúan errores de bulto en el proceso según los
sindicatos y será la secretaria general, María Dolores
Pastilla quien habrá de rebatir a otra funcionaria, Josefa
Álvarez su planteamiento.
Una situación que conlleva como postura más sensata que se
paralizara el proceso, ya que podría acarrear problemas y
dado que pudieran darse una serie de cuestiones
concurrentes. En principio, pocas discusiones plantean los
conocimientos en el ámbito del Derecho administrativo a la
mencionada funcionaria que protagoniza el recurso. Y si es
cierto lo que algún sindicato comenta sobre las prebendas
que se quieren salvaguardar de determinados cargos, el
asunto pinta más negro que tiznado, ya que si la estrategia
ha sido anteponer como coartada afianzar el empleo
estructural, el asunto es mucho más mezquino de lo que
pudiera parecer en principio y un engaño de gran dimensión.
Esta nueva situación podría situar al Gobierno de la Ciudad
ante una nueva marcha atrás, como nos tiene acostumbrados.
Un hecho difícil de justificar cuando cuenta con un número
de asesores y técnicos suficientes como para no errar tanto.
No aprenden.
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OPINIÓN / EDITORIAL
