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Josefa Álvarez, prestigiosa funcionaria de la Ciudad
Autónoma de Ceuta y quien desde siempre ha demostrado ser
una profesional de amplia, limpia y trayectoria marcada por
el rigor y su gran sentido de la responsabilidad y de la
legalidad, actualmente en la sección de Patrimonio, ha
presentado en Registro de la Ciudad Autónoma de Ceuta el
primer recurso contra la reorganización del sector público
periférico y en concreto, contra la integración de las
sociedades municipales Emvicesa y la GIUCE en un Organismo
Autónomo de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda). Aunque
si prosperara, este recurso de reposición tendría incidencia
en todo el proceso que se ha seguido con el resto de
sociedad municipales que también pasan a Organismos
Autónomos, asunto en el que ni partidos políticos ni
sindicatos, han querido entrar en el fondo de la cuestión,
con la excusa de proteger el empleo.
Con este primer recurso presentado por Josefa Álvarez y con
la entrada en vigor de la nueva Ley de Administración local
que prevé la disolución de las sociedades deficitarias, el
pasado viernes se plantearon una serie de dudas e
incertidumbres, ya que con la finalización del presente
ejercicio, y el proceso iniciado por el aludido recurso de
reposición y que ha de resolver la secretaria general de la
Asamblea, María Dolores Pastilla, ésta comentó a algún
funcionario que “posiblemente esto que estamos haciendo no
valga para nada”, dudando así de la efectividad de una
medida que no ha contado con oposición alguna de partidos
políticos ni sindicatos y que ahora, con el recurso
presentado, complica en su fondo y forma.
En este sentido se cuestiona que todo el proceso de reforma
de las empresas municipales no ha sido sometido a exposición
pública y se ha realizado sin las preceptivas memorias
técnica, jurídica y económica que avalasen la necesidad de
un organismo especializado cuyo objeto social debe ser,
además, muy acotado, provocando que algunos nuevos
organismos autónomos vacíen de contenido a ciertas
Consejerías con el agravante de que carecen del personal
funcionario que deberían tener para emitir, por ejemplo,
informes vinculantes.
El Gobierno, por su parte, justificó el proceso para mejorar
la gestión y preservar la estabilidad en el empleo y
mejorando la eficacia de los servicios, evitando
duplicidades, aunque determinados círculos de la
Administración han comentado a este periódico que, aún
cuando éste era el motivo argumentado, lo que en realidad se
preservan son ciertos privilegios con los que cuentan
determinado personal destacado, “cuyas prebendas no quieren
perder” y así mantener unos sueldazos importantes, cuyos
nombres han surgido en más de una ocasión polémica y son muy
conocidos.
Ahora será la secretaria general, quien habrá de resolver el
recurso presentado por otra funcionaria e informar sobre los
supuestos defectos de fondo y forma en la reorganización del
sector público periférico local. Por ello se suscita un
nuevo escenario contra la reforma del sector público
periférico que deja a éste en el aire o, como alguien
comentó “en el limbo”, hasta dilucidar su legalidad o no,
tras el proceso que se acaba de abrir por la aludida
funcionaria.
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propuesta
