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La imputación de la consejera de
Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, a la sazón,
secretaria general del Partido Popular en Ceuta por el caso
Kibesan, enciende todas las alarmas, ya que si bien no
supone una cuestión de culpabilidad, sí es un indicativo de
que hay indicios de delito los cargos que se formulan contra
ella. Y con la que está cayendo al Partido Popular, con el
registro que se realizó ayer en su sede central de Génova
buscando documentación del Caso Bárcenas, aquí no es plato
de buen gusto que, los presuntos fraccionamientos de
contratos que “Conciencia Libre” llevó ante la Fiscalía, no
parecen haber caído en saco roto.
El descrédito que ya de por sí sufren los políticos, cuya
valoración social está por los suelos, se ve agravado en
estos casos con imputaciones que no hacen mas que situarlos
en el foco de la sospecha. Bien conocido es el pensamiento
del presidente del Gobierno sobre este particular y referido
a sus cargos públicos: el que esté imputado ha de irse a su
casa con independencia de que, posteriormente, sea o no
condenado. Y en la Ciudad de Ceuta, el caso Urbaser acabó
con Guillermo Martínez y el caso Kibesan puede suponer otro
tanto para la mano derecha de Juan Vivas, ya que las
prácticas de fraccionamientos de pago en las contrataciones
para eludir los procedimientos legalmente establecidos, son
una maniobra chapucera de burlar la legalidad con una
mecánica partidista y de claro favoritismo que se descubre
con la reiteración de pequeños contratos a la misma empresa.
Una fórmula que puede suponer la tumba de un político si
emprende judicialmente un recorrido que acaba con su
implicación y posterior condena. Una dinámica peligrosa de
la que han de tomar buena nota políticos y funcionarios por
las consecuencias de sus decisiones.
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OPINIÓN / EDITORIAL
