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La publicidad institucional ha
vuelto a la actualidad tras la intervención de Aróstegui en
el Pleno de ayer, cuando se interesó sobre este asunto. Una
cuestión en la que el Gobierno de Vivas, Caballas, PSOE y
todos los medios de comunicación, incluido este diario, no
pueden sino estar de acuerdo con que el reparto de los
fondos públicos destinados a los medios de comunicación se
haga atendiendo a “criterios estrictamente objetivos de
penetración en el mercado, y no criterios subjetivos de
afinidad con el Gobierno”. Aunque habría que añadir también,
siempre que el juego sea limpio y no para favorecer que se
distorsione la cuestión con extraños manejos, haciendo
trampas para favorecer a quien se prefiera.
La dinámica a emplear debe de ser equitativa, justa y
limpia, sin intentos de manejar a los medios, porque mal
asunto es que se intente politizar al medio en función de la
línea editorial que emprenda. La publicidad institucional no
puede ser un mecanismo de control o una forma de mediatizar
al medio de comunicación. Además, la exigencia de que sea la
OJD el único cauce de medición vulnera el principio de
igualdad, transparencia y libre concurrencia, siendo una
forma de condicionar cualquier otro instrumento, igualmente,
válido y reconocido para legitimar unas garantías de
difusión fiables. ¿Por qué solo la OJD?
No se pueden poner unas regla de juego con intenciones de
favorecer a alguien o marcando límites preconcebidos. Se
requiere altura de miras, horizontes despejados, y un
marcado sentido democrático, que favorezca la apertura
informativa dentro de unos cauces de máximo respeto al
derecho a la libertad de expresión. Una sociedad libre no
puede tener unos medios de comunicación atenazados por el
poder. Ceuta merece que se hable claro y se cuente todo
cuanto ocurra, guste más o menos. Otro comportamiento
supondría una traición, no sólo a la ciudadanía, sino a la
propia esencia informativa, que además acabaría en la
Fiscalía Anticorrupción.
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OPINIÓN / EDITORIAL
